El gobierno de Donald Trump cuenta con un arsenal tecnológico diseñado para reforzar sus políticas de inmigración, que incluye dispositivos de monitoreo, bases de datos con información personal y herramientas de investigación avanzadas. Estos sistemas permiten realizar un seguimiento en tiempo real de los solicitantes de asilo, acceder a teléfonos bloqueados y obtener datos personales como huellas dactilares y rostros.
Desde 2020, agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han adquirido tecnologías por un valor de 7.800 millones de dólares de 263 empresas.
Entre las herramientas adquiridas se encuentran sistemas para verificar vínculos familiares mediante pruebas de ADN, comparar datos biométricos con antecedentes penales, y seguir la ubicación de personas mediante lectores de matrículas y dispositivos GPS.
Empresas como Palantir, Venntel, Clearview AI y Cellebrite han recibido contratos sustanciales del gobierno. Además, el gobierno de Biden también utilizó muchas de estas tecnologías, principalmente para la aplicación de leyes migratorias, investigaciones de tráfico de drogas y crimen organizado.
Una de las tecnologías más utilizadas es el monitoreo de inmigrantes a través de tobilleras con GPS o aplicaciones como SmartLink, que obligan a los migrantes a registrar su ubicación diariamente. Esta tecnología se ha usado en programas de “Alternativas a la Detención” desde 2004. Sin embargo, el uso de estas herramientas ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el control de la información personal, con expertos señalando que aunque estas tecnologías sean útiles, también pueden infringir derechos civiles, especialmente para las personas vulnerables en el sistema migratorio.
El gobierno de Trump ya ha dejado claro su enfoque para aumentar las deportaciones y el control de las fronteras, con la expectativa de que estas tecnologías jugarán un papel central en la implementación de sus políticas.
