México informó este jueves que llevará a cabo una reforma constitucional para proteger su soberanía de injerencias extranjeras, incluyendo intervenciones en investigaciones y persecuciones de criminales. Además, se propondrá imponer las penas más severas a los extranjeros involucrados en el tráfico de armas.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que estas modificaciones responden a la designación por parte de la administración de Donald Trump de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que podría facilitar acciones militares contra estos grupos o sus colaboradores.
“Lo que buscamos dejar claro frente a esta designación es que no negociamos nuestra soberanía… esto no debe convertirse en una excusa para que Estados Unidos invada nuestro territorio”, afirmó Sheinbaum. También destacó que cualquier acción en la lucha contra el crimen organizado debe basarse en la coordinación y cooperación entre ambos países.
Entre los cambios propuestos, se establece que no se permitirá “intervención en investigación o persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, dentro del marco de las leyes aplicables”. Asimismo, se prohibirán intromisiones “por tierra, agua, mar o espacio aéreo”. Las leyes aprobadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya limitaban la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano, exigiendo que el gobierno mexicano fuera informado de sus movimientos, lo cual generaba preocupación entre funcionarios estadounidenses debido a la infiltración del crimen organizado en diversas estructuras de poder en México.
Con este ajuste, que se prevé sea aprobado con facilidad gracias a la mayoría oficialista en ambas cámaras del Congreso, estas restricciones quedarán garantizadas en la Constitución.
Por otra parte, se propone que “cualquier persona, ya sea nacional o extranjera, involucrada en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación ilícita de armas, así como cualquier extranjero que realice actividades ilegales, será sujeto a la pena más severa posible, además de prisión preventiva”. Este punto está dirigido de manera implícita a ciudadanos estadounidenses, ya que más del 70% de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de ese país.
La mandataria también añadió que se ampliará la demanda presentada por México ante cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas de EE. UU., acusándolos de “complicidad” con los grupos criminales mexicanos, grandes receptores de sus productos.
