El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha detallado el traslado a Estados Unidos de 29 individuos vinculados a la delincuencia organizada, entre ellos el narcotraficante Rafael Caro Quintero. La operación, realizada por razones de seguridad, no fue una extradición, sino una entrega formal al gobierno estadounidense, explicó el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Este procedimiento se basó en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución Mexicana, en respuesta a una solicitud de seguridad nacional de Estados Unidos. Gertz Manero precisó que la solicitud se fundamentó en los delitos graves cometidos por estos individuos en ese país, como tráfico de drogas, homicidios y secuestros.
El fiscal también aclaró que las penas que enfrenten no son competencia de México, sino de los jueces estadounidenses, desestimando las especulaciones sobre posibles condenas a muerte, como había señalado el Departamento de Justicia de EE. UU.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la decisión de realizar el traslado fue tomada por el Gabinete de Seguridad tras obtener información sobre el riesgo de que algunos implicados fueran liberados o que sus procesos de extradición se demoraran. Este acto, subrayó, responde a la política de seguridad del gobierno mexicano y refleja la amenaza que representan estos individuos tanto para México como para Estados Unidos.
