El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva política de restricción de visas dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros que faciliten o permitan el tránsito de migrantes ilegales hacia territorio estadounidense. Esta medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene como objetivo reforzar la seguridad nacional y asegurar las fronteras del país.
La política se aplicará a funcionarios de inmigración, aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias, así como a cualquier persona que, intencionalmente, facilite la migración ilegal hacia Estados Unidos. Esto incluye a aquellos que no apliquen las leyes migratorias o implementen políticas que permitan el tránsito de extranjeros con la intención de ingresar ilegalmente al país a través de la frontera suroeste.
Aunque no se ha proporcionado una lista específica de los países afectados por esta medida, es posible que México se vea involucrado debido al constante flujo de migrantes hacia la frontera estadounidense. Las autoridades estadounidenses han expresado anteriormente su preocupación por la falta de acciones contundentes por parte del gobierno mexicano para detener el tránsito de migrantes y el cruce ilegal de drogas.
Esta política de restricción de visas se basa en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que autoriza al secretario de Estado a declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada al país pueda tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense. Además, la medida podría extenderse a los familiares de los funcionarios implicados.
Las restricciones permanecerán vigentes hasta que los funcionarios de los países afectados asuman la responsabilidad de garantizar la aplicación efectiva de las leyes y políticas destinadas a prevenir el tránsito ilegal hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha enfatizado que no retrocederá en la defensa de sus intereses de seguridad nacional.
Esta medida se suma a otras acciones recientes del gobierno de Estados Unidos para combatir la migración ilegal, incluyendo la limitación de vuelos nacionales para migrantes indocumentados y la imposición de aranceles a países que se niegan a recibir vuelos con deportados.
