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Baja California

Crisis de Seguridad: Comunicaciones de Marina del Pilar comprometidas tras filtración de audio

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Foto: Opinia

Tijuana, Baja California — Lo que comenzó como una simple filtración política, ha escalado a una crisis de seguridad digital en el entorno más íntimo del Gobierno de Baja California. La divulgación del audio donde presuntamente se escucha a la gobernadora Marina del Pilar Ávila instruir apoyos económicos para un comunicador afín, ya no solo está generando ruido político: ahora pone en tela de juicio la integridad de las comunicaciones del gobierno estatal.

El giro inesperado lo dio la empresa Creación y Difusión de Contenido Web, S.A. de C.V., mejor conocida como Badabun en redes sociales. Esta empresa no solo se atribuyó la autoría del contenido, sino que también activó mecanismos legales para censurar su difusión, especialmente cuando en las publicaciones aparecía la imagen de la gobernadora. Cientos de páginas informativas y medios digitales independientes fueron silenciados sin previo aviso.

Lo alarmante es que el control y censura sobre este material no provino de una autoridad estatal ni de un proceso judicial abierto, sino de una empresa privada con un historial ampliamente cuestionado. La pregunta que queda en el aire: ¿quién le otorgó a Badabun el poder de callar medios por una filtración política de interés público?

Fuentes dentro del propio aparato estatal —bajo condición de anonimato— confirmaron a Opinia que esta empresa tuvo acercamientos directos con la gobernadora Marina del Pilar en meses recientes, pero que, según esta fuente, la relación no terminó en buenos términos y aún no ha sido completamente finiquitada.

La gravedad del caso se extiende más allá del contenido del audio. Lo que verdaderamente inquieta es que, al día de hoy, nadie en el círculo cercano a la gobernadora puede afirmar con certeza cómo se filtró la conversación, quién la grabó o quién la entregó. Es decir, las comunicaciones internas del gobierno estatal han sido vulneradas, y el nivel de exposición digital de la mandataria es ahora incuestionable.

Mientras tanto, medios en todo el país —incluyendo este espacio— hemos sido claros con las distintas direcciones de Comunicación Social del Gobierno del Estado y del Congreso:
No aceptaremos censura. No seremos castigados por compartir material donde aparece la jefa del Ejecutivo estatal, ni sus declaraciones, ni sus imágenes públicas.

El uso de derechos de autor para bloquear contenido de interés público es un precedente oscuro que atenta directamente contra la libertad de expresión. Pero más allá de la represión mediática, queda un sabor aún más amargo:
¿Está el gobierno estatal consciente del nivel de vulnerabilidad digital en el que opera?
¿Quién vigila las comunicaciones de la gobernadora?
¿Quién está filtrando desde adentro?
¿Y qué sigue por filtrar?

La historia de este audio apenas comienza.
Y ahora, ya no se trata solo de política.
Se trata de seguridad.

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