En un contexto donde la eficiencia gubernamental debería reflejarse en el impulso al desarrollo económico y social, resulta inevitable destacar –aunque sea de forma irónica– el “logro” de los gobiernos de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y de Marina del Pilar Ávila en Baja California. Ambos mandatarios han conseguido posicionar a sus respectivos estados en los dos primeros lugares, pero no precisamente en crecimiento, sino en retroceso, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) en el sector de actividades primarias correspondiente al cuarto trimestre de 2024.
Sinaloa registró una caída del 28.6% en dichas actividades, mientras que Baja California no se quedó atrás con una disminución del 21.5%. Estos porcentajes los ubican en el primer y segundo lugar, respectivamente, como los estados con mayor desplome económico en el rubro que incluye agricultura, ganadería, pesca, caza y aprovechamiento forestal. Se trata de sectores que históricamente han sido motores clave para sus economías locales.
Resulta asombroso –y al mismo tiempo preocupante– que, para alcanzar cifras tan negativas, se requiere más que desinterés: parece necesario un tipo muy particular de talento. No cualquiera logra desmantelar con tal eficacia los pilares productivos de sus estados en tan poco tiempo. La falta de políticas públicas efectivas, la mala planeación presupuestaria, el escaso apoyo al campo y a los pequeños productores, y la ausencia de visión estratégica están cobrando factura.
En lugar de encabezar rankings de innovación o crecimiento, Sinaloa y Baja California hoy son ejemplo de cómo la ineficiencia gubernamental puede traducirse directamente en deterioro económico. Es momento de reflexionar sobre las decisiones tomadas y exigir cuentas claras, pues quienes pagan el precio de esta caída son, como siempre, los ciudadanos.
¿Hasta cuándo veremos acciones y no discursos ni persecuciónnes políticas?
