Más allá de las sonrisas para la foto, los discursos vacíos sobre transformación y el uso recurrente del término “pueblo”, hay algo que une a tres figuras clave del morenismo en el norte del país: Marina del Pilar Ávila Olmeda (Baja California), Francisco Alfonso Durazo Montaño (Sonora) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa). Y no, no es solo que los tres gobiernan estados estratégicos, ni que provienen del partido que prometió erradicar la corrupción. Es algo mucho más grave.
A estas alturas, lo que los une es una creciente lista de señalamientos por vínculos con actividades ilícitas y presuntos nexos con organizaciones criminales que dominan sus regiones. Lo más preocupante es que no se trata ya de rumores locales o vendettas políticas: fuentes con acceso a investigaciones federales en Estados Unidos aseguran que los tres están bajo la lupa de agencias norteamericanas.
La más expuesta hasta el momento es Marina del Pilar. Se habla (desde México para el mundo) de que ya fue notificada como persona NON-GRATA en Estados Unidos y se le revocó la visa. Los funcionarios del gobierno de Baja California guarda silencio, mucha tensión, pero la realidad es que la mandataria ya no encuentra donde esconderse ya ni tiktoks hace, ella quería ser famosa y vista por todo el mundo y lo logro.
Durazo y Rocha Moya (y también sus padrinos) aún no han sido oficialmente notificados, pero ambos aparecen, según filtraciones y publicaciones nacionales, en una lista de 44 funcionarios mexicanos que están siendo investigados desde Washington por posibles vínculos con el crimen organizado. Una lista que, aunque no se ha hecho oficial, ha comenzado a circular en redes sociales y en diarios de alto prestigio.
Y mientras tanto, ¿en México? Nada. Silencio. Complicidad. Morena los protege, los medios afines los cubren y los órganos anticorrupción simplemente no existen cuando se trata de investigar a los suyos. La narrativa oficial insiste en que hay que esperar el pronunciamiento de las autoridades estadounidenses y que estamos viviendo un gobierno distinto, pero la realidad es que seguimos viendo los mismos pactos oscuros, ahora con nuevos nombres y camisetas guindas.
Este trío de gobernadores, lejos de representar un cambio, se ha convertido en emblemas de cómo el poder en México sigue manchado por intereses de dudosa reputación. No es casualidad que gobernadores de estados con fuerte presencia de organismos criminales, con historias recientes de violencia y control territorial, terminen bajo sospecha de las autoridades norteamericanas. Es un patrón. Y no es nuevo.
La pregunta ya no es si están involucrados. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando esto como si fuera normal? Porque una cosa está clara: lo que tienen en común Marina, Durazo y Rocha no es solo el cargo y el partido. Es el silencio. La impunidad. Y el peligroso coqueteo con las estructuras que verdaderamente mandan en muchas partes de este país.
