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RedacciónA menos de un mes de la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal, una lista de aspirantes a magistraturas electorales ha comenzado a circular entre operadores políticos y medios especializados, lo que ha encendido las alertas sobre una presunta operación desde el gobierno federal para colocar perfiles afines en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ciudad de México .– De cara a la inédita elección judicial del próximo 1 de junio, en la que la ciudadanía podrá votar directamente por quienes ocuparán cargos en juzgados y tribunales, se filtró una lista de aspirantes a magistraturas en las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya promoción estaría siendo operada desde la estructura federal de programas sociales.
Según fuentes cercanas al proceso y actores políticos, los siguientes nombres serían parte de una estrategia del gobierno federal, ejecutada a través de operadores ligados a la Secretaría de Bienestar, para garantizar el control de órganos clave del sistema judicial electoral.
Primera Circunscripción
Segunda Circunscripción
Tercera Circunscripción
Cuarta Circunscripción
Quinta Circunscripción
Marcela Elena Fernández Domínguez
Registro Nacional
Fernando Ramírez Barrios
La filtración ha generado preocupación entre exfuncionarios electorales y actores políticos, quienes advierten que esta operación pone en riesgo la autonomía del Tribunal Electoral, al tratar de colocar árbitros que respondan a intereses del Ejecutivo.
Los perfiles en la lista tienen experiencia técnica en órganos jurisdiccionales, pero según versiones difundidas por actores políticos, han sido impulsados mediante reuniones privadas, respaldo institucional no oficial y recursos logísticos desde el aparato gubernamental, particularmente desde la red territorial de la Secretaría de Bienestar.
Reacciones de la oposición
Desde el PAN, el senador Ricardo Anaya Cortés calificó el hecho como “una tragedia para la democracia”, “La ciudadanía va a recibir una boleta con nombres que no conoce, porque los seleccionó Morena desde antes. No hay un proceso transparente. ¿A quién le van a responder esos jueces? No al pueblo, sino a quienes los pusieron en la boleta”, declaró.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, advirtió sobre el peligro de “colonizar políticamente” al tribunal: “La justicia electoral debe ser un contrapeso, no un apéndice del Ejecutivo. Si permitimos que se infiltren intereses partidistas, habremos perdido la última instancia de defensa ciudadana en los procesos democráticos”.
Un riesgo para la legitimidad
El nuevo proceso electoral para designar a jueces y magistrados ha sido promovido como un ejercicio inédito de participación ciudadana. Sin embargo, los señalamientos sobre una operación desde el poder ejecutivo federal han empañado la narrativa de imparcialidad y pluralidad que se buscaba promover.
De confirmarse la injerencia, la elección judicial del 1 de junio podría convertirse en un instrumento de legitimación política, antes que una herramienta de fortalecimiento institucional. “El voto judicial debe ser libre, no dirigido desde una oficina gubernamental”, concluyó una fuente consultada del ámbito judicial.
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