Este miércoles 4 de junio, Sinaloa se prepara para otro capítulo digno de una tragicomedia política: Gerardo Vargas Landeros, el alcalde con licencia de Ahome, se presentará ante la Fiscalía del Estado y no, no es para tomarse un cafecito, todo apunta (y sin margen de error) a que será vinculado a proceso penal, lo que significa: una figura legal que implica que el juez considera que existen elementos suficientes para presumir su participación en un hecho delictivo y por tanto, se le somete formalmente a un proceso judicial.
El asunto ha levantado polvo, no porque sorprenda, sino porque desde el inicio huele a podrido. ¿Detalles? Pues nada menos que dos suspensiones provisionales otorgadas por un juez federal (sí, dos) que fueron olímpicamente ignoradas por las autoridades locales. ¿Legalidad? Bien, gracias.
La justicia parece más un garrote político que un sistema imparcial. Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, no se anduvo por las ramas: esto es una vendetta política disfrazada de legalidad, el gobernador Rubén Rocha Moya está aplicando su propia versión de “Juego de Tronos” en Sinaloa. Ya hizo trizas al Químico Benítez, a Estrada Ferreiro y a cuanto adversario se le cruce… ahora le toca a Vargas Landeros. ¿Justicia? No, lo que hay es un despliegue de poder al más puro estilo “porque puedo”.
El juez que dijo: “amparo, ¿y eso con qué se come?” es nada más y nada menos que el juez de control que ordenó la aprehensión de Vargas Landeros decidió que las órdenes federales no son más que papel decorativo. Ignoró la suspensión vigente otorgada por el juez Juan Enrique Parada Seer y con eso, dejó la puerta abierta para que hoy estemos hablando de un proceso manchado de origen. Por si fuera poco, ya hay una denuncia formal por este desacato (Incidente de Suspensión 325/202-3B), aunque si seguimos la lógica del caso, esa también podría terminar en el cesto de basura institucional.
Cuando el Estado de Derecho se convierte en un chiste de mal gusto, este circo jurídico deja muchas preguntas, pero una es clave: si esto le pasa a un político con recursos, abogados de peso y cobertura mediática, ¿qué le espera a cualquier ciudadano común? Porque si con los recursos que pudiera tener un alcalde como Vargas Landeros está viendo cómo lo arrollan con órdenes de aprehensión violando suspensiones federales, imagina lo que puede pasarle al que no tiene ni para pagar un abogado de oficio.
Aquí no se trata de defender a Vargas Landeros (no se trata de beatificar a nadie), sino de señalar un hecho alarmante: la justicia en Sinaloa parece tener dueño y mientras no se cuestione en serio a los jueces y magistrados, y el poder político siga usando a la justicia como un arma para callar, castigar o eliminar adversarios, el discurso de una “justicia para el pueblo” seguirá siendo lo que es hoy: un mal chiste.
Así que sí el día de mañana 4 de junio será clave, pero no por la justicia, sino porque se confirmará lo que muchos ya saben: en Sinaloa, el poder no se discute, se ejecuta y si hay que atropellar la Constitución en el camino, pues que no se diga que faltó voluntad política.
