En Sinaloa, la toga ya no representa justicia, sino sumisión. El caso más claro y vergonzoso es el del Juez de Control Carlos Alberto Herrera, quien ha renunciado a su deber constitucional para convertirse en un obediente operador de los intereses políticos del gobernador Rubén Rocha Moya y su incondicional aliado, el senador Enrique Inzunza Cazarez. Lo que debería ser una figura de equilibrio legal y baluarte de derechos humanos, ha caído al nivel de un títere judicial, manejado por las órdenes del poder ejecutivo sinaloense.
Herrera presume una maestría en Derecho Constitucional, aunque parece no haber abierto jamás un libro desde que lo tituló, esa especialización no ha servido para impartir justicia, sino para justificar atropellos legales con discursos rebuscados que solo maquillan decisiones que ya están tomadas desde los altos mandos del Gobierno estatal. Se ha convertido en un juez que no razona, solo ejecuta órdenes y por eso le pagan bien: 501 mil 242 pesos, para ser exactos, una suma nada despreciable para quien se dedica a legitimar la persecución política desde un tribunal.
Este personaje no es un caso aislado, es pieza clave en el engranaje que persigue judicialmente a los enemigos del gobierno estatal, no por mérito legal, sino por consigna. Ha sido parte esencial en los casos contra el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro, contra Luis Guillermo Benítez Torres (ya sabemos como termino eso) y especialmente en los procesos contra las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quienes ha querido humillar con resoluciones cargadas de irregularidades y prepotencia jurídica.
Por si fuera poco, también interviene en el caso de Gerardo Vargas Landeros, que más adelante abordaremos con el detalle que merece. Herrera, lejos de representar justicia, se ha convertido en un sicario con toga, un verdugo legal que ataca a quien le ordenen desde la oficina del gobernador o el escritorio del senador.
En Sinaloa, la justicia no se vende… se alquila. Y Carlos Alberto Herrera es su rostro más indignante.
