En un Estado de Derecho verdadero, la justicia es ciega, imparcial y está al servicio de los ciudadanos. En Sinaloa, es todo lo contrario: la justicia tiene rostro, nombre y color de partido y su mayor representante de la ignominia judicial es Carlos Alberto Herrera, el juez de control que ha protagonizado los capítulos más vergonzosos en la persecución política contra la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Lo que ocurrió en febrero de 2024 no puede llamarse audiencia judicial: fue una puesta en escena, un montaje vil, donde Carlos Alberto Herrera transformó la sala de audiencias en teatro de lo absurdo, actuando como un operador político disfrazado de juez. Comparecieron ante él Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, figuras universitarias a quienes ya se les había dictado la sentencia política desde antes de que entraran por la puerta: remoción inmediata de sus cargos, sin importar pruebas, defensa o derechos.
La instrucción era simple, directa y vergonzosa: quitar del cargo a Robespierre Lizárraga como encargado del Despacho de la Rectoría e intentar, por tercera vez, remover al rector titular Jesús Madueña Molina. ¿La respuesta del juez? Silencio. No hubo resolución fundada ni motivada. No hubo derecho ni Constitución, solo obediencia y cobardía.
Luego, en septiembre de 2024, el juez Herrera regreso al ataque, como si su actuación anterior no hubiese sido suficiente, vinculó nuevamente a proceso a Jesús Madueña Molina, pese a que ya había sido separado del cargo desde el año anterior. Como golpe adicional, impuso medidas cautelares absurdas a los integrantes del Comité de Adquisicionesde la UAS, obligándolos a firmar cada mes y prohibiéndoles salir del país, como si fueran criminales peligrosos.
¿Qué clase de justicia es esta? ¿Quién le dio el derecho a este juez de pisotear una institución autónoma por órdenes del poder ejecutivo? Las palabras del propio Jesús Madueña fueron contundentes: “Es muy lamentable lo que está pasando en el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, porque está sometido al Poder Ejecutivo.”
Esto que ya no es un secreto: la UAS fue blanco de una vendetta política disfrazada de legalidad, y Carlos Alberto Herrera es su ejecutor servil. No actúa como juez, actúa como un matón del sistema judicial dispuesto a cumplir cada capricho del gobernador Rocha Moya y su socio político Enrique Inzunza.
Así no se hace justicia. Así se destruye.
