Tijuana .— La tormenta no viene, ya está aquí. El gobierno de Estados Unidos acaba de colocar a tres instituciones financieras mexicanas en la lista negra por presunto lavado de dinero. Y entre ellas resalta una con rostro bien conocido en Baja California: Intercam Grupo Financiero. No por su fortaleza bancaria, sino por la figura que la representa en la región: Fernando Guillermo Fernández Abin, actual director de negocios y protagonista de una cadena de excesos, blindajes y silencio institucional.

La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no es menor. Se acusa a Intercam, junto a CIBanco y Vector, de operar cuentas y transferencias que habrían facilitado recursos a cárteles del narcotráfico en México. Un señalamiento que, en la práctica, los excluye del sistema financiero global y bloquea sus operaciones con instituciones estadounidenses.

¿Quién opera Intercam desde Tijuana? Fernández Abin, un personaje que ha estado ligado a la élite empresarial y social de la ciudad, pero también al escándalo. Su nombre apareció en diciembre de 2022 en el centro de un trágico accidente vehicular frente al Gran Hotel, en el bulevar Agua Caliente. El vehículo: una Porsche Macan GTS valuada en 1.7 millones de pesos. El saldo inicial: una persona muerta y otra gravemente herida.

Testigos relataron que tras el accidente, el conductor del Porsche – identificado como Fernández Abin – fue auxiliado por un grupo de escoltas en una camioneta Mercedes-Benz, que lo escoltó directamente hasta el Club Campestre de Tijuana. Club del cual fue secretario en el Consejo Directivo presidido por Mario Gastón Toledo en 2020.

Ese episodio no tuvo consecuencias legales visibles. Tampoco explicaciones públicas. Lo que sí quedó claro fue la normalización del privilegio, el uso de redes de poder y la capacidad de algunos actores para desaparecer del radar, incluso tras hechos tan graves.

Hoy, el nombre de Intercam vuelve a las portadas, pero ahora por algo más profundo: ser parte, según el gobierno norteamericano, de una red financiera que facilita operaciones para grupos del crimen organizado.

El caso Fernández Abin no es una excepción. Es el retrato de cómo se mueven los hilos del poder detrás de una fachada corporativa. De cómo un nombre puede aparecer en una sanción internacional y, al mismo tiempo, seguir operando con total normalidad en el país. Es también una llamada de atención sobre las estructuras que permiten el encubrimiento, la omisión y la impunidad.

¿Quién protege a este empresario? ¿Por qué sigue funcionando Intercam como si nada? ¿Cuántos más están implicados en esta red de poder disfrazada de solvencia?