Mientras el Senado debatía la aprobación de la nueva Ley General de Seguridad Pública, la senadora sinaloense Paloma Sánchez Ramos lanzó una de las intervenciones más punzantes y certeras de la sesión. “La estrategia es la misma, dicen que con esto llegará la paz a todos los estados de la República Mexicana, pero yo soy de Sinaloa y ¿me van a decir que aquí se vive muy tranquilo?”, cuestionó con la crudeza que demanda una entidad sumida en el caos.
La legisladora detalló un solo día de horror: 30 asesinatos en Sinaloa, 24 de ellos en Culiacán, tres más en un camino de terracería en Navolato, uno en Elota, dos en Mazatlán, “Empezamos en la mañana con 20 personas asesinadas en el estado, terminamos con 30”, dijo. Cifras que contradicen frontalmente el optimismo legislativo de que esta reforma generará coordinación y seguridad.
Pero lo más demoledor fue su acusación directa al gobernador Rubén Rocha Moya: lo llamó “narco gobernador” y lo señaló como encubridor de intereses criminales. “Por su tibieza tenemos esta guerra en Sinaloa”, afirmó y describió las consecuencias: negocios cerrados, emprendedores quebrados, escuelas sin clases, niños asesinados, ciudadanos atrapados en el miedo cotidiano “La gente ya no puede salir a trabajar, hay más homicidios y más desaparecidos”.
Mientras el gobierno federal pregona centralización para “mejorar la coordinación”, en Sinaloa los hechos gritan otra historia. En Ahome se adquirieron patrullas para enfrentar la crisis, pero el alcalde con licencia: Gerardo Vargas Landeros, ahora enfrenta un juicio por esa compra. La seguridad, una vez más, se vuelve un campo minado de intereses políticos, donde los ciudadanos quedan atrapados entre la corrupción y la violencia.
Rocha Moya, por su parte, parece más enfocado en perseguir adversarios que en garantizar la seguridad de su estado. Ha admitido que no ha logrado frenar la violencia, pero atribuye la percepción de inseguridad a una campaña mediática, cínico consuelo para quienes viven cada día entre disparos y desapariciones.
La senadora Sánchez Ramos, al menos, no se sumó al coro oficial. Su denuncia es incómoda, pero necesaria: el verdadero problema no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad para aplicarlas contra quienes controlan territorios, financian campañas y pactan silencios.
Mientras tanto, Sinaloa no duerme y no es por insomnio, es por terror.
