En un país donde la ley suele interpretarse como sugerencia y no como mandato, el caso de Gerardo Vargas Landeros es un raro ejemplo de resistencia jurídica y dignidad política. Tras ser desaforado por el Congreso de Sinaloa con acusaciones endebles de corrupción y abuso de autoridad y detenido en lo que claramente fue una maniobra precipitada, ahora un juez federal ha ordenado su reinstalación inmediata como presidente municipal de Ahome. Pero claro, el gobierno estatal decidió hacerse el sordo.
Vargas Landeros no fue acusado por saquear arcas públicas ni por desviar millones, no, su “delito” fue arrendar patrullas durante una emergencia, cuando no había chips disponibles para vehículos nuevos. Tomó una decisión pragmática en medio del caos pandémico para proteger a los ciudadanos, ¿y cómo le paga el sistema? con una persecución absurda por haberse “tardado dos horas” en emitir un oficio. Es tan ridículo que ni en una telenovela de bajo presupuesto funcionaría como argumento.
Su abogado, Juan Guillermo Gasca Esperón, lo dice sin rodeos: esto es una vendetta política, Vargas Landeros no es sumiso al poder estatal y eso basta para que lo traten como enemigo. Pero la justicia federal no se dejó contaminar por esas pasiones: le otorgó una suspensión definitiva que debe cumplirse de inmediato, ¿y qué hace el gobierno de Sinaloa? Nada, se rehúsa, desacata, patea el Estado de Derecho como si fuera un mueble viejo.
Lo más grotesco es que la ley contempla sanciones claras para este tipo de rebeldía institucional: prisión, inhabilitación, y la posibilidad de usar fuerza federal para ejecutar la orden. ¿Tendremos que ver un operativo judicial para que el gobernador cumpla con la ley? ¿Tanta arrogancia cabe en un solo cargo público?
Vargas Landeros no solo está peleando por su cargo: está defendiendo el principio básico de que nadie, ni siquiera un gobernador o un congreso estatal, puede colocarse por encima de un juez. Su caso ha dejado al descubierto la mezquindad de quienes manipulan procesos judiciales con fines políticos.
Mientras la fecha clave del 15 de agosto se acerca, hay algo claro: si Sinaloa quiere conservar un mínimo de institucionalidad, más vale que empiecen a obedecer la ley que tanto invocan en discursos, pero tan poco respetan en los hechos.
