Un caso de jubilación por invalidez revela más tráfico de influencias que transparencia: todos se deslindan, nadie responde y el nombre de Manuel Guerrero flota sobre el escándalo.
El folclor sindical en Baja California nunca decepciona. Dos comunicados oficiales, dos versiones de la realidad, cero responsabilidades claras. El caso: una pensión por invalidez concedida a una trabajadora que, casualmente, es pareja sentimental del exdiputado y exlíder sindical Manuel Guerrero Luna. Porque si algo no cambia en México es el fino arte de convertir el sistema de pensiones en herencia de favores políticos.
El primer comunicado, emitido por el Sindicato Estatal presidido por Aldrete Casarín, es un monumento al “yo no fui”. Declaran que la jubilación no fue propuesta por ellos, sino por la sección Mexicali, que todo se avaló con dictamen médico y que el único culpable (perdón, responsable) es ISSSTECALI. Eso sí, prometen que revisarán el expediente “para no dejar dudas ni favoritismos”. Traducción: ya nos cacharon, ahora toca simular limpieza.
El segundo comunicado, de la Sección Mexicali, desarma esa coartada con una joya: ellos tampoco solicitaron nada. Aseguran que no existe registro de petición de pensión a nombre de la beneficiaria y rematan recordando que la Junta de Gobierno del ISSSTECALI tiene la facultad de aprobar o revocar jubilaciones. Dicho de otra manera: si la trabajadora apareció mágicamente en la lista de pensionados, fue obra de las alturas burocráticas, no de la base sindical. Una auténtica partida de ping pong administrativo.
El espectáculo es casi poético: todos se deslindan, todos se lavan las manos, todos juran defender la legalidad, pero nadie explica cómo una persona con vínculos políticos tan evidentes consiguió, entre cientos de trabajadores en espera, una pensión exprés. Ni un mea culpa, ni un reconocimiento de opacidad, apenas un forcejeo para ver quién carga con la vergüenza.
Lo más insultante es el tono paternalista de ambos documentos, como si con un par de firmas y sellos pudieran acallar las sospechas de tráfico de influencias. El sindicalismo, que debería ser trinchera de derechos laborales, termina reducido a oficina de gestoría para amigos del poder. Mientras tanto, los burócratas rasos siguen topándose con trámites eternos y jubilaciones que tardan más en aprobarse que en disfrutarse.
En resumen, lo único que quedó claro es que en Baja California la transparencia sigue siendo una entelequia y que las pensiones, lejos de ser conquistas sociales, son botines que se reparten en círculos selectos. Lo demás son comunicados para la foto.
