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Redacción
En el quehacer municipal, existen instancias cuya labor trasciende lo administrativo para convertirse en auténticos puentes de entendimiento y justicia social, tal es el caso de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, cuya noble labor corresponde actualmente a la regidora Sandra Magaña Ríos, comprometida en velar por la dignidad de todas las personas, en especial de quienes forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad.
Vivimos una época en la que la igualdad de los grupos vulnerables debe ser no solo reconocida, sino plenamente respetada. En este contexto, la Comisión desempeña un papel esencial al vigilar de forma permanente que las dependencias municipales y los grupos organizados cuenten con las herramientas necesarias para que la inclusión y la equidad de derechos se traduzcan en una realidad tangible.
El trabajo de esta Comisión es amplio y profundamente humano, no se limita a supervisar la aplicación de programas en la materia, sino que también propone nuevas normativas y acciones que favorecen a migrantes, comunidades indígenas y otros sectores que requieren acompañamiento. Gracias a esta visión, se abren espacios para la accesibilidad y la equiparación de oportunidades, pilares indispensables para construir una sociedad más justa.
Ejemplos de ello son los convenios impulsados con organismos no gubernamentales y autoridades de distintos niveles de gobierno, los cuales permiten coordinar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de quienes llegan a la ciudad en busca de oportunidades o de quienes, desde sus comunidades originarias, necesitan respaldo para preservar su cultura y acceder a mejores condiciones de desarrollo.
La regidora Sandra Magaña ha promovido foros de diálogo con instituciones académicas y organizaciones civiles, donde se estudian y proponen soluciones prácticas a problemáticas migratorias actuales, como la creación de albergues temporales o la asesoría legal para familias en tránsito, de igual manera, se ha dado especial atención a proyectos de inclusión educativa para niñas y niños de comunidades indígenas, garantizando su derecho a aprender en un entorno respetuoso de su identidad cultural.
De esta forma, la Comisión, se consolida como garante de que los derechos humanos sean la base de toda convivencia democrática, recordándonos que en tiempos de cambio y transformación, la justicia social no es un ideal lejano, sino un compromiso permanente.
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