Por Redacción | Tijuana, Baja California, 9 de febrero de 2026.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco) advirtió que los señalamientos por presuntos actos de extorsión policiaca en la ciudad han dejado de ser una problemática local para convertirse en un asunto de atención nacional e internacional, debido a su recurrencia y al perfil de las personas afectadas.
El organismo empresarial señaló que, tras hacer públicos diversos testimonios y casos documentados sobre prácticas indebidas atribuidas a elementos de la Policía Municipal, particularmente en perjuicio de ciudadanos extranjeros, se ha generado interés fuera del ámbito local. Entre ello, destacó contactos de instancias del gobierno de Estados Unidos con directivos de Canaco para conocer el alcance y la dimensión del problema.
Canaco Tijuana subrayó que la preocupación de autoridades estadounidenses radica en que sus ciudadanos no deben verse involucrados, ni siquiera de manera forzada, en situaciones que impliquen la entrega de recursos económicos o el uso de moneda estadounidense como resultado de presiones ejercidas por autoridades en funciones oficiales.
El organismo consideró que cuando este tipo de hechos se presenta de forma reiterada y bajo el ejercicio de autoridad, deja de tratarse de casos aislados y adquiere una connotación transfronteriza, al impactar en el comercio, el turismo, los derechos de personas extranjeras y el entorno de confianza en una ciudad fronteriza como Tijuana.
Este posicionamiento ocurre en el contexto de los hechos registrados la semana pasada, cuando el vicepresidente de Canaco Tijuana, Héctor Riveros Moreno, fue objeto de una actuación policial que generó amplia reacción ciudadana y cuestionamientos sobre los protocolos de actuación de la corporación municipal. El episodio, documentado y difundido públicamente, se sumó a otros testimonios que han circulado en la ciudad sobre presuntas prácticas indebidas.
El organismo empresarial señaló que el escenario actual representa un contraste delicado: mientras el sector productivo ha documentado los casos, las víctimas han alzado la voz y autoridades del país vecino han mostrado interés, persiste entre la ciudadanía la percepción de que no existe una respuesta institucional proporcional desde el ámbito local.
Canaco advirtió que, en una ciudad fronteriza, la omisión también genera consecuencias. La extorsión policiaca no solo afecta a quienes la padecen directamente, sino que impacta en la confianza ciudadana, la atracción de inversión, el flujo turístico y la reputación internacional de Tijuana.
Finalmente, la Cámara reiteró que su postura no busca la confrontación, sino la atención responsable, directa y urgente de una problemática que daña a la ciudad. Asimismo, refrendó su disposición para colaborar con las autoridades en la construcción de soluciones que fortalezcan el estado de derecho, la legalidad y la confianza institucional.
