Por Redacción | Tijuana, Baja California, febrero de 2026.
A ocho años de los derrumbes registrados en el fraccionamiento Lomas del Rubí, donde más de un centenar de viviendas resultaron afectadas, las familias damnificadas continúan exigiendo que la constructora señalada como responsable repare los daños ocasionados, al tiempo que denuncian el estancamiento legal del caso.
Atalia Ramos, una de las personas afectadas por los deslizamientos, compartió que el impacto del desastre transformó su vida de manera profunda, no solo en lo económico, sino también en lo emocional y en la salud de su familia.
Relató que su padre fue diagnosticado con cáncer un año después de los derrumbes, una situación que, aseguró, pudo estar vinculada al desgaste emocional provocado por la pérdida del patrimonio familiar.
“Mi papá es un paciente con cáncer, ya en etapa cuatro, que fue diagnosticado al año de lo ocurrido en Lomas del Rubí, precisamente por esta cuestión emocional del coraje y la tristeza, el hecho de haber perdido su patrimonio”, expresó.
Ramos explicó que en su momento algunas familias recibieron apoyo gubernamental mediante la asignación de viviendas en el fraccionamiento Loma de la Esperanza; sin embargo, señaló que no todas las personas afectadas fueron consideradas dentro de estos programas.
Detalló que existe un grupo identificado como posesionarios, es decir, personas que construyeron viviendas en predios familiares y que, pese a haber sido afectados por los derrumbes, no recibieron ningún tipo de apoyo social.
“Hay un sector que se nombra como posesionarios, que tuvieron la oportunidad de construir en los predios de sus padres, a los cuales no se les brindó apoyo social”, indicó.
Asimismo, lamentó que, pese a la implementación de nuevos programas de vivienda en la ciudad, las familias afectadas por el derrumbe continúan sin ser consideradas, aun después de ocho años del desastre.
En cuanto a la responsabilidad del colapso, Ramos señaló a la constructora Grupo Melo como presunta responsable, al asegurar que estudios técnicos de suelo realizados en la zona identificaron como detonante las obras efectuadas por dicha empresa.
“En su momento se realizaron estudios de suelo, donde hay un dictamen que como detonante marca la acción de la constructora”, afirmó.
Sobre el proceso legal, explicó que el caso permanece detenido debido a diversas trabas jurídicas, aunque reiteró que las familias buscan una reparación integral del daño y mantienen disposición al diálogo.
“Lo que nosotros buscamos es una reparación de daños, y estamos abiertos a negociar con los responsables”, puntualizó.
Por su parte, Ana María, otra de las personas afectadas, expresó su molestia ante la falta de respuestas tras ocho años y señaló que el derrumbe también modificó de manera significativa su dinámica cotidiana.
Indicó que antes del desastre su traslado al centro de la ciudad tomaba entre tres y cinco minutos, mientras que actualmente, al residir en Santa Fe, el tiempo de traslado se ha incrementado considerablemente debido al tráfico.
A ocho años del derrumbe, las familias de Lomas del Rubí mantienen su exigencia de justicia, reparación del daño y reconocimiento institucional, en un caso que continúa siendo una herida abierta en la historia reciente de Tijuana.
