Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha admitido que hubo un abuso de autoridad por parte de la policía estatal de Veracruz en un violento desalojo que resultó en la muerte de dos campesinos. El incidente, ocurrido el 20 de junio de 2023 en la localidad de Totalco, municipio de Perote, ha generado indignación y demandas de justicia, llevando a la detención de varios policías involucrados y a la extinción de la Fuerza Civil, una corporación policial de élite en el estado.
El desalojo se produjo durante una protesta de agricultores que bloqueaban la carretera Perote-Puebla en contra de la contaminación ambiental generada por Granjas Carroll, una empresa mexico-estadounidense dedicada a la cría y procesamiento de ganado porcino.
La manifestación, que tenía como objetivo exigir el cierre de la empresa, fue reprimida violentamente por elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Los policías dispararon sus armas de fuego para dispersar a los manifestantes, resultando en la muerte de dos campesinos y varios heridos.
En su conferencia mañanera del 16 de julio, López Obrador condenó los hechos, afirmando que la policía del estado no debió haber actuado de esa manera y subrayando que su administración promueve una política de no represión. Anunció que dos elementos de la policía estatal habían sido detenidos y aseguró que la investigación continuará para garantizar que no haya impunidad. “Se está haciendo la investigación, ayer se detuvo a dos policías de la corporación de la policía estatal de Veracruz y se va a continuar con esta investigación, este proceso y no va a haber impunidad”, afirmó el presidente.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció la desintegración de la Fuerza Civil, una agrupación considerada de élite dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Explicó que todos los elementos de la Fuerza Civil recibirán capacitación en derechos humanos y manejo de situaciones para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. Además, se garantizó el respeto a los derechos laborales de los policías, quienes serán reasignados a otros cuerpos de seguridad.
El Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, informó que hasta la fecha, cinco elementos de la Fuerza Civil han sido detenidos por su participación en los hechos. La Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía General de la República están llevando a cabo investigaciones paralelas. La Fiscalía estatal ha detenido a tres policías, mientras que la Fiscalía federal ha ejecutado dos órdenes de aprehensión adicionales.
Los detenidos, identificados como Juan Carlos “N” y Joel “N”, han sido acusados de abuso de autoridad, pero no se les han imputado cargos por el asesinato de los manifestantes. Líderes del movimiento campesino han exigido que se esclarezca el caso y se sancione a quienes ordenaron disparar contra civiles desarmados, denunciando que la represión no fue un operativo fuera de control, sino una acción orquestada para desactivar la protesta en defensa del agua de la Cuenca de Libres Oriental.
