Por Redacción
Tijuana, B.C.
El país amanece con un sacudimiento político de grandes proporciones: la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista de Baja California y figura histórica en la alternancia política de México, por presuntos vínculos con el robo de combustible, mejor conocido como huachicol.
La noticia rompe con la narrativa que el propio Ruffo construyó durante décadas: la del político honesto que abrió las puertas al cambio democrático en 1989, enfrentando al todopoderoso PRI de aquellos años. Hoy, su nombre aparece en la lista de acusados por un delito que durante años carcomió las finanzas del Estado y que ha costado vidas en comunidades enteras.
El golpe es demoledor para Acción Nacional. La detención no se trata solo de un proceso judicial, sino de un símbolo que pone en entredicho la herencia moral de un partido que se presentó como la alternativa ética frente al régimen priista. El PAN, que alguna vez presumió el “orgullo Ruffo” como estandarte, hoy enfrenta la ironía de ver a su pionero judicializado por corrupción y crimen organizado.
La acusación, respaldada por investigaciones federales, abre preguntas urgentes: ¿qué tanto sabía la cúpula panista sobre las actividades de Ruffo?, ¿cuánto de su carrera política estuvo financiado o respaldado por negocios ilícitos? Y, sobre todo, ¿qué significa para los gobiernos actuales que el “héroe” de la transición esté ligado a una de las industrias criminales más violentas del país?
La historia es implacable: lo que se construyó como un legado de honestidad y democracia, hoy se derrumba bajo el peso de un expediente judicial. Ruffo Appel pasa de símbolo de cambio a emblema de la descomposición política.
