Por Redacción | Mexicali, Baja California.
El llamado para que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, valore una eventual separación del cargo ha abierto un debate público que requiere una lectura institucional, más allá de la coyuntura mediática y del entorno político inmediato.
Desde una perspectiva jurídica, no existe imputación legal, investigación formal ni causa constitucional que impida a la mandataria continuar en funciones. El planteamiento que ha sido puesto sobre la mesa se ubica en el terreno ético y político, no en el ámbito del derecho, una distinción clave dentro de un sistema constitucional que se rige por normas y procedimientos claramente establecidos.
En su posicionamiento público, la gobernadora reiteró su respeto a las instituciones, su confianza en el debido proceso y su decisión de mantenerse al frente del Ejecutivo estatal, al no existir impedimento legal alguno. Esta postura se inscribe dentro de los principios de presunción de inocencia y del mandato constitucional conferido por la ciudadanía en las urnas.
Especialistas en derecho público y administración gubernamental advierten que una separación del cargo sin sustento legal también conlleva implicaciones relevantes para la gobernabilidad, la estabilidad administrativa y la continuidad de las políticas públicas, particularmente en una entidad estratégica como Baja California.
El debate ético es legítimo y necesario en una democracia; sin embargo, no sustituye a los mecanismos legales ni a los procesos constitucionales. En ese equilibrio entre ética, legalidad y gobernabilidad es donde debe situarse el análisis del momento actual, evitando que la presión política o mediática distorsione el funcionamiento institucional del Estado.
