México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó su solicitud para que la elección del Poder Judicial de la Federación sea postergada 90 días, proponiendo que se realice el último domingo de agosto de 2025 en lugar del 1 de junio. La petición surge tras los retrasos ocasionados por múltiples suspensiones judiciales que paralizaron sus actividades durante dos meses, informaron medios nacionales.
El Consejo General del INE, en una reunión privada, aprobó por unanimidad esta solicitud argumentando que es “materialmente imposible” cumplir con todas las etapas del proceso electoral dentro de los plazos establecidos.
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El medio Milenio dio a conocer que en el documento, que se enviará al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se detalla que los retrasos impactan no solo la logística electoral, sino también la capacidad para cumplir con las normativas nacionales e internas del instituto.
El INE justifica su petición con estudios técnicos que evidencian los desafíos organizativos, como la contratación de más de 50 mil Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, quienes deberán recorrer el país para integrar las mesas directivas de casilla y gestionar los puntos de votación. A esto se suma el diseño y producción de boletas y materiales para una elección inédita por el elevado número de candidaturas.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya recibió un escrito formal del INE solicitando la prórroga. Además, explicó que durante una reunión previa con el Consejo General del instituto, se discutió el impacto de los retrasos y la necesidad de ajustar el calendario electoral.
Por su parte, el INE instaló este miércoles la Comisión Temporal para la elección judicial extraordinaria, donde se aprobó el programa de trabajo y un calendario que aún no se ha hecho público. Se espera que en los próximos días, el Consejo General dé más detalles sobre el plan de acción.
El aplazamiento no solo busca garantizar un proceso ordenado y conforme a la ley, sino también evitar posibles incumplimientos en las licitaciones y contratos necesarios para organizar la elección. La decisión final ahora recae en el Poder Legislativo, que deberá evaluar la viabilidad de la solicitud del órgano electoral.
