México.- Durante la reciente Conferencia del Pueblo, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), defendió la reforma a la Ley del instituto como una medida necesaria para garantizar un manejo transparente de los recursos y fomentar el desarrollo de vivienda de interés social.
Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero subrayó que la reforma, aprobada por el Senado el pasado viernes, busca fortalecer la vigilancia de los ahorros de los trabajadores y asegurar su correcta aplicación. Además, propuso una reestructuración interna del instituto para concentrar responsabilidades en una sola dirección general, lo que permitiría atacar actos de corrupción y agilizar los procesos de toma de decisiones.
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Sheinbaum respaldó la iniciativa al señalar que su objetivo es transformar el Infonavit en un organismo más eficiente y orientado a las necesidades de los trabajadores.
“Queremos transparencia y control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores tengan certeza de que sus fondos no se mal utilizan. Además, buscamos fomentar la construcción de viviendas de interés social, asegurando que los recursos beneficien directamente a los derechohabientes,” enfatizó la presidenta.
La reforma también contempla la creación de una empresa constructora dentro del Infonavit para desarrollar proyectos de vivienda destinada a los trabajadores con menores ingresos. Según Romero, actualmente 7.3 millones de derechohabientes con ingresos de menos de dos salarios mínimos no tienen acceso a viviendas asequibles en el mercado.
“Con esta empresa, reduciremos tiempos y costos, priorizando la mano de obra local y ubicando las viviendas en centros urbanos estratégicos,” afirmó.
La construcción de vivienda de interés social ha caído drásticamente en la última década. En 2016, representaba el 51% de la producción; sin embargo, hasta agosto de 2024, solo alcanzaba el 15%. La reforma busca revertir esta tendencia y atender la creciente demanda de viviendas económicas, cuyo precio promedio ronda los 550,000 pesos.
Aunque la propuesta enfrenta críticas de sectores laborales y empresariales, sus defensores argumentan que representa un paso crucial hacia la construcción de un sistema más justo y eficiente para los trabajadores mexicanos.
