Tijuana .- Lo que comenzó como una estrategia de movilidad, hoy se percibe como un abuso disfrazado de política pública. La reciente expansión de parquímetros en la Zona Río de Tijuana ha encendido las alertas, no solo por su impacto económico en trabajadores y comerciantes, sino por la falta de transparencia que envuelve toda la operación.
La regidora del Partido Acción Nacional, Sandra Magaña, alzó la voz: no hubo aval del Cabildo para la ampliación, no se consultó a la ciudadanía y no hay claridad legal sobre los criterios que permitieron a la empresa Copemsa Tijuana S.A. de C.V. extenderse como si la ciudad fuera de su propiedad.
¿Quién autorizó? ¿Con qué fundamentos?
Magaña exige al alcalde Ismael Burgueño Ruiz, al secretario de gobierno Arnulfo Guerrero León, y al titular de la Secretaría de Movilidad, Apolinar Fernández Álvarez, que exhiban públicamente los documentos que respalden la expansión de los parquímetros. De no existir tal autorización —advirtió— la empresa debe ser sancionada.
Pero si sí existe, es urgente conocer quién firmó, bajo qué condiciones, y a cambio de qué.
Porque, hasta ahora, todo huele a improvisación o complicidad.
Un contrato con historia… y con sombras
La regidora detalló que el contrato original fue firmado el 12 de abril de 2019, durante el XXII Ayuntamiento, por 15 años, otorgando a Copemsa el 60% de los ingresos y dejando solo el 40% al municipio.
Posteriormente, el 14 de febrero de 2020, ya con Arturo González Cruz en el poder, se modificó la vigencia a siete años y medio, con final programado para octubre de 2026.
¿A qué responde esta expansión en 2025? ¿Quién la autorizó, si el contrato está a meses de vencer? ¿Y por qué se permitió que los parquímetros alcanzaran tarifas de hasta 25 pesos por hora, lo que representa gastos mensuales de hasta 3 mil pesos para quienes trabajan en Zona Río?
Estacionarse no es un privilegio
“El espacio público no debe ser una fuente de recaudación, sino un bien común”, sentenció la regidora Magaña. Y tiene razón: estacionarse no debería ser un lujo, mucho menos cuando no hay políticas reales de movilidad, ni transporte público digno, ni opciones accesibles para quienes todos los días mueven la economía de Tijuana.
Si el Ayuntamiento permitió esta expansión ilegal, es omisión grave. Si la empresa actuó sola, opera fuera del contrato. En ambos casos, los tijuanenses son los perjudicados, una vez más, por decisiones tomadas a puerta cerrada.
Opinia exige respuestas
Desde este espacio exigimos al gobierno municipal que responda con documentos, no con evasivas. No más simulación. La ciudadanía tiene derecho a saber quién lucra con sus calles, quién lo permitió, y a cambio de qué.
La movilidad no se impone. Se construye con participación, con legalidad y con visión de futuro.
