Por Redacción | Mexicali, 9 de diciembre de 2024
La caída de Jaime Bonilla Valdez, exgobernador morenista de Baja California, finalmente se consumó: el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) lo inhabilitó por tres años para ocupar cualquier cargo público, una decisión que desnuda -otra vez- la caótica gestión que dejó al estado atrapado en compromisos financieros imposibles y decisiones tomadas al margen de la ley.
El castigo llega por el fallido proyecto fotovoltaico de Next Energy, un contrato inflado y aprobado sin el aval del Congreso, que comprometía más de 37 mil millones de pesos y que hoy se confirma como uno de los episodios más turbios del bonillismo.
A pesar de las reiteradas citaciones, Bonilla evadió explicar cómo y por qué entregó 123 millones 773 mil pesos a la empresa sin sustento legal, dinero que jamás regresó a las arcas públicas.
Fue desde la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar donde Gabriela Monge Pérez, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, confirmó la sentencia que llegó la noche del lunes: cinco resoluciones del TEJA, todas en contra del exmandatario. Monge fue clara: “Se trata de una sanción grave”, recordando que el exgobernador aún puede impugnar, pero la contundencia del fallo anticipa una batalla cuesta arriba.
La narrativa oficial de Bonilla, aquella donde presumía supuestas “soluciones energéticas históricas”, se derrumba frente a los hechos: contratos sin respaldo legislativo, recursos públicos entregados a una empresa incapaz de cumplir y un fraude que terminó con órdenes de aprehensión contra ejecutivos de Banca Afirme, hoy vinculados a proceso. Bonilla dejó el terreno minado y hoy las consecuencias alcanzan a quienes participaron en la trama.
La actual administración insiste en que la herencia del exgobernador no solo es financiera, sino ética: una red de decisiones discrecionales que pusieron en riesgo el futuro económico del estado.
El caso Next Energy no es un incidente aislado; es el retrato fiel de un gobierno que actuó con una mezcla de soberbia, improvisación y opacidad.
Mientras Bonilla intenta presentarse como víctima de persecución política, la evidencia apunta en otra dirección: abusos de facultades, irregularidades administrativas y millones perdidos por decisiones tomadas con prisa y sin control.
Hoy, la inhabilitación no solo representa un revés legal: es un golpe político directo que exhibe la fragilidad del bonillismo y el costo que tendrá cargar con el fraude energético más grande de la historia reciente del estado.
