Por Redacción | Tijuana, Baja California, 18 de mayo de 2026.
Vecinos de los fraccionamientos Hacienda Agua Caliente, Las Plazas y Lomas Sexta Sección denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con desarrollos habitacionales y actividades comerciales que, aseguran, contravienen el uso de suelo residencial establecido originalmente para la zona.
Durante una conferencia encabezada por Alma Flores, presidenta de la Asociación de Vecinos de Hacienda Agua Caliente, Plazas y Lomas, junto con el abogado Marcos Gutiérrez, los residentes señalaron una presunta falta de control urbano y de cumplimiento a la normatividad vigente por parte de las autoridades municipales.
Uno de los principales señalamientos se centra en el proyecto habitacional “Altum”, descrito como un multifamiliar horizontal de 37 viviendas construido en un área con uso de suelo unifamiliar.
De acuerdo con Gutiérrez, las características originales del fraccionamiento únicamente permitirían la construcción de entre 10 y 12 viviendas, por lo que consideran que el desarrollo representa una modificación irregular de la densidad habitacional.
“Están violando el uso de suelo unifamiliar, transformándolo a fuerzas en multifamiliar, sin que el fraccionamiento haya sido diseñado para soportar esa carga”, declaró.
El proyecto se ubica en la zona de Las Plazas, cercana al Parque Hacienda Agua Caliente, en una vialidad de pendiente pronunciada dentro de la parte alta del fraccionamiento.
El abogado aseguró que los vecinos obtuvieron un amparo federal relacionado con el caso y afirmó que existe una resolución de un Tribunal Colegiado que obliga a la Dirección de Administración Urbana (DAU) a realizar una consulta vecinal antes de modificar el uso de suelo.
Según explicó, la legislación establece que en fraccionamientos unifamiliares donde ya se comercializó más de la mitad de los lotes, cualquier cambio de densidad o uso debe someterse a consulta ciudadana.
No obstante, denunció que dicha resolución no ha sido acatada y que la construcción continuó durante el proceso legal, encontrándose actualmente prácticamente concluida tras tres años de litigio.
Asimismo, señaló que existe una contradicción jurídica entre resoluciones federales y una suspensión emitida recientemente por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a favor de la empresa desarrolladora.
Por su parte, Alma Flores advirtió que la zona ya enfrenta afectaciones constantes en servicios públicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje sanitario, situación que podría agravarse con la llegada de nuevos desarrollos multifamiliares.
“Hemos tenido problemas en el agua, cortes que no están programados. Tenemos problemas de luz también. Tenemos problemas con los drenajes”, expresó.
La representante vecinal comparó la situación con una vivienda diseñada para pocas personas que repentinamente debe soportar una carga mucho mayor, provocando presión sobre la infraestructura existente.
Los residentes también manifestaron preocupación por el incremento vehicular que podrían generar nuevos desarrollos de alta densidad en vialidades como Lomas Altas y Hacienda, consideradas actualmente rutas alternas ante la saturación vial en distintas zonas de Tijuana.
Advirtieron además que permitir este tipo de proyectos podría abrir la puerta a desarrollos verticales y giros comerciales en áreas originalmente planeadas como exclusivamente residenciales, similar a procesos urbanos registrados en colonias como La Cacho y Chapultepec.
En ese contexto, también denunciaron la operación de una notaría dentro de un inmueble ubicado en una zona habitacional unifamiliar.
“Eso era una casa. Entonces no puede, por sus pistolas, la notaría volverlo comercial”, expresó Gutiérrez.
El abogado señaló que permitir este tipo de cambios podría derivar posteriormente en la instalación de otros negocios dentro de los fraccionamientos, alterando el diseño y vocación original de la zona.
Los vecinos aseguraron que recientemente la Sindicatura Municipal realizó una investigación derivada de las denuncias presentadas y detectó presuntas irregularidades administrativas, además de señalar que el establecimiento señalado presuntamente no contaba con licencia de operación.
Finalmente, Alma Flores reiteró que los residentes no se oponen al desarrollo urbano, sino a que las modificaciones se realicen sin transparencia ni participación ciudadana.
“Lo que queremos es que se respeten los acuerdos de fraccionamiento, que seamos escuchados y que se haga la consulta. Si la mayoría de los vecinos está de acuerdo, entonces que se haga conforme a la ley y con transparencia”, concluyó.
