Por Redacción | Tijuana, Baja California, 21 de mayo de 2026.
Familiares de Juan Valle Guzmán y Rocío González hicieron un llamado a la ciudadanía para acompañarlos este viernes en los Juzgados Penales de La Mesa, donde se emitirá el fallo judicial contra Nailea “N”, señalada como presunta responsable del accidente ocurrido hace cinco años en la Vía Rápida Poniente de Tijuana.
Los familiares aseguraron sentirse abandonados y desgastados tras un proceso judicial que, afirmaron, ha estado marcado por retrasos y presuntas irregularidades.
“Sí nos sentimos solas, desprotegidas. Es como ir a la guerra con un palo nada más”, expresó Lourdes Valle, hermana de Juan Valle Guzmán.
El caso se remonta al 17 de mayo de 2021, cuando Juan Valle Guzmán y Rocío González murieron tras ser impactados por una camioneta mientras esperaban para cruzar hacia Estados Unidos.
De acuerdo con los familiares, la conductora presuntamente manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente, aunque señalaron que durante el juicio la defensa ha intentado desacreditar las pruebas relacionadas con la alcoholemia practicada tras los hechos.
“Queremos que las autoridades hagan su trabajo. No estamos pidiendo favores, estamos pidiendo justicia”, manifestó Udelia Valles, hermana de la víctima.
Además de las dos personas fallecidas, tres menores sobrevivieron al accidente con quemaduras de tercer grado, secuelas que, según la familia, continúan afectando su vida cotidiana.
“Son cinco años de ver a los niños sufrir, de ver a mi mamá sufrir. Mi sobrina acaba de graduarse y no quiso quitarse el suéter por las quemaduras que tiene”, relató Udelia.
Los familiares también denunciaron posibles anomalías dentro del proceso judicial.
Lourdes Valle aseguró que durante una audiencia escuchó a integrantes de la defensa referirse al caso como “pan comido”, comentario que calificó como ofensivo para la familia.
Asimismo, cuestionó la ausencia de documentos importantes dentro del expediente, entre ellos el acta de defunción de su hermano, pese a que —afirmó— fue entregada previamente a las autoridades correspondientes.
La familia adelantó que continuará movilizándose en caso de que el fallo no sea favorable y reiteró su intención de evitar que el caso quede impune.
“No queremos quedarnos callados. Esto no se puede quedar así. Son dos vidas que se perdieron y tres niños que quedaron marcados para siempre”, declaró.
El caso ha permanecido durante años dentro de la discusión pública sobre justicia vial, conducción bajo los efectos del alcohol y atención institucional a víctimas de accidentes graves en Baja California.
