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Baja California

Inversión histórica para saldar deudas educativas

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Foto: Web

Baja California .- Durante la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el Gobierno de Baja California ha destinado más de 76 mil 655 millones de pesos de recurso estatal en beneficio del magisterio, de acuerdo con información oficial difundida por el Ejecutivo estatal.

El periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2025 concentró pagos relacionados con estabilidad laboral, nóminas extraordinarias, jubilaciones y rescates financieros a sistemas de pensiones, en un contexto marcado por rezagos históricos heredados por administraciones anteriores.

Entre los principales rubros se reporta la cobertura de 94 nóminas extraordinarias por un monto superior a 960 millones de pesos, así como el pago de más de mil 760 millones de pesos en finiquitos derivados de procesos de jubilación.

Uno de los ejes centrales del gasto fue la aportación extraordinaria al Issstecali, que superó los 22 mil 990 millones de pesos, destinada a garantizar el pago de pensiones y prestaciones, en un sistema que durante años enfrentó crisis financiera y retrasos recurrentes.

En materia de programas escolares, el gobierno estatal informó la asignación de más de 4 mil 64 millones de pesos al programa Pancita Llena Corazón Contento, así como 159 millones de pesos para la adquisición de equipos de aire acondicionado en escuelas de Mexicali y San Felipe.

Si bien el Ejecutivo estatal presentó estas cifras como un fortalecimiento de los derechos laborales del magisterio, el desglose revela que una proporción significativa del recurso se utilizó para cubrir obligaciones pendientes y evitar colapsos administrativos, más que para impulsar una transformación estructural del sistema educativo.

El anuncio ocurre en un contexto donde persisten reclamos del sector magisterial por cargas laborales, condiciones escolares desiguales y falta de mejoras sustantivas en infraestructura y calidad educativa, lo que abre el debate sobre la diferencia entre inversión correctiva y política pública de largo plazo.

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