Por Redacción | México, 26 de febrero de 2026.
El músculo financiero de JPMorgan Chase no ha sido suficiente para blindarlo del escrutinio internacional.
Por el contrario, su historial reciente confirma una cadena de omisiones, prácticas indebidas y acuerdos judiciales que erosionan la narrativa de solidez institucional que durante años ha promovido.
Uno de los episodios más delicados se cerró en 2023, cuando la institución aceptó pagar 290 millones de dólares para resolver una demanda que la señalaba por haber facilitado operaciones financieras vinculadas a la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.
La acusación fue contundente: durante quince años se ignoraron alertas internas para preservar la rentabilidad de sus cuentas. La decisión de pagar no fue menor; implicó admitir fallas graves en sus controles de vigilancia.
A esta sombra se suma su papel como banco principal en la estafa piramidal de Bernie Madoff. En 2014, el banco desembolsó 2,600 millones de dólares tras reconocer que no reportó actividades sospechosas que resultaban evidentes para sus propios analistas. Durante décadas, los mecanismos de prevención contra el lavado de dinero simplemente no activaron las alarmas que debieron proteger al sistema financiero.
En el terreno operativo, la institución también ha sido protagonista de distorsiones directas al mercado. En 2020 pagó 920 millones de dólares después de admitir que operadores emplearon técnicas de spoofing para manipular precios de metales preciosos y bonos del Tesoro. La práctica consistía en simular órdenes masivas para influir en las cotizaciones y luego retirarlas, engañando deliberadamente a otros inversionistas. No fue un error administrativo: fue una estrategia sostenida.
Más recientemente, en marzo de 2024, reguladores federales impusieron una multa de 348 millones de dólares por no supervisar miles de millones de operaciones comerciales ejecutadas en múltiples plataformas globales. La omisión fue catalogada como práctica insegura, comprometiendo la integridad del sistema financiero en un momento donde la confianza es el activo más frágil.
El patrón se extendió al plano internacional. En agosto de 2025, el banco acordó pagar 330 millones de dólares al gobierno de Malasia por litigios relacionados con el escándalo del fondo soberano 1MDB. Paralelamente, enfrentó sanciones en Suiza por no prevenir el lavado de dinero vinculado a ese caso. A finales de 2024, además, desembolsó 151 millones de dólares para cerrar cargos por recomendaciones de inversión engañosas y por la pérdida de millones de registros electrónicos.
Las cifras hablan por sí solas. No se trata de un incidente aislado ni de un tropiezo administrativo. Se trata de una acumulación sistemática de fallas de control, decisiones cuestionables y omisiones que, en conjunto, dibujan una cultura corporativa donde el costo de la multa parece incorporado al modelo de negocio.
La pregunta que queda en el aire no es cuánto puede pagar un banco de esta magnitud, sino cuánto puede soportar la confianza pública antes de quebrarse.
