Por Redacción | México, 27 de febrero de 2026.
El coloso financiero JPMorgan Chase enfrenta una ofensiva legal que sacude los cimientos de su reputación.
La demanda por 5,000 millones de dólares presentada en Florida acusa a la institución de haber cerrado más de 50 cuentas personales y corporativas en 2021 bajo criterios que, según los demandantes, no fueron estrictamente financieros.
El señalamiento central apunta a la utilización del llamado “riesgo reputacional” como argumento para cancelar relaciones comerciales sin ofrecer explicaciones detalladas al público. En el sistema bancario estadounidense, donde la confianza es el activo más valioso, la opacidad se convierte en un costo difícil de calcular.
La querella sostiene que la decisión no fue una simple medida preventiva, sino una determinación alineada con presiones políticas y de imagen tras el asalto al Capitolio. De fondo, emerge una acusación aún más delicada: la supuesta existencia de una “lista negra” reputacional compartida entre grandes bancos que habría bloqueado el acceso a servicios financieros en otras instituciones.
El CEO de la firma, Jamie Dimon, ha defendido que la entidad actuó dentro de sus facultades privadas, priorizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos legales.
Sin embargo, el debate trasciende la legalidad estricta y se instala en el terreno ético: ¿puede un banco convertirse en árbitro de reputaciones?
Especialistas advierten que la discrecionalidad bancaria, cuando carece de transparencia, puede traducirse en una forma de exclusión financiera silenciosa.
En un país donde el crédito es sinónimo de operación y crecimiento, cerrar cuentas equivale a cerrar puertas económicas.
El caso, que tiene como figura demandante al presidente Donald Trump, no sólo pone en juego miles de millones de dólares, sino la percepción pública sobre la neutralidad del sistema financiero. Más allá del desenlace judicial, la controversia obliga a revisar los límites del poder corporativo en tiempos de polarización política.
