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Redacción
Por Redacción | Baja California, 18 de abril de 2026.
Lo que comenzó como un ejercicio ordinario de cobertura periodística terminó por exhibir algo más profundo: la fragilidad de una figura pública frente a la crítica.
La senadora Julieta Ramírez, quien recientemente difundió un video donde asegura ser víctima de acoso mediático, hoy enfrenta cuestionamientos tras la circulación de mensajes que apuntan en sentido contrario: presión directa, narrativa dirigida y una clara intención de desacreditar a un medio digital regional.

El contexto es clave. El video que detonó esta controversia fue grabado en un espacio público, con presencia de diversos medios de comunicación. No fue un contenido filtrado ni manipulado. Fue, en esencia, parte del ejercicio cotidiano del periodismo.
Sin embargo, la reacción posterior no fue abrir el diálogo ni aclarar los hechos. Fue otra.
Mensajes difundidos —presuntamente desde su entorno cercano— exhiben una estrategia que busca instalar dudas sobre la independencia del medio, señalar a sus directivos e incluso insinuar que el contenido debería ser retirado. No es un matiz menor. Es un patrón.
Porque cuando desde el poder se intenta influir en qué se publica y qué no, se cruza una línea delicada.
La senadora, electa previamente como diputada federal y hoy posicionándose rumbo al 2027, ha construido un discurso basado en cercanía con la ciudadanía y apertura al escrutinio público. Pero los hechos recientes revelan una contradicción incómoda: mientras se denuncia “acoso mediático”, se permite o tolera presión hacia los medios.
El intento de etiquetar a un medio, de insinuar intereses detrás de su línea editorial y de colocar en la conversación nombres propios con fines de presión no fortalece la democracia. La debilita.
Más aún cuando se trata de una figura que aspira a gobernar un estado como Baja California en el 2027.
Aquí no se trata de una nota. Se trata de un principio. La libertad de expresión no es negociable. El periodismo no se condiciona. La crítica no se castiga.
Cuando un actor político no entiende eso —o decide ignorarlo— queda expuesto. Porque el poder no se mide en la capacidad de controlar la narrativa, sino en la capacidad de resistirla.
Hoy, más que el video, lo que queda en evidencia es la reacción y en política, las reacciones dicen más que los discursos.