Por Redacción | Culiacán, Sinaloa, 12 de junio de 2026.
La recepción de una corona fúnebre en su domicilio no frenará la actividad pública de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela. Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad bajo las que operan actores políticos en Sinaloa y la capacidad de respuesta de las instituciones ante este tipo de situaciones.
La legisladora denunció que, pese a la naturaleza intimidatoria del mensaje recibido, no cuenta con protección permanente ni ha sido contactada por autoridades estatales para evaluar medidas de resguardo adicionales.
De acuerdo con sus declaraciones, hasta el momento no ha existido un acercamiento formal por parte del gobierno estatal para conocer su situación o establecer mecanismos de protección derivados de la amenaza.
El caso ocurre en un contexto donde los temas de seguridad continúan ocupando un lugar central en la agenda pública de la entidad, particularmente por los desafíos relacionados con la violencia y la presencia de grupos criminales.
Gárate Valenzuela sostuvo que continuará desarrollando su trabajo legislativo y manteniendo una postura crítica frente a decisiones gubernamentales, aunque reconoció que los hechos generan preocupación por su integridad y la de su entorno familiar.
Durante una entrevista radiofónica, la diputada señaló que no mantiene conflictos personales con terceros y consideró que la amenaza podría estar relacionada con posicionamientos públicos realizados en el ejercicio de sus funciones como representante popular.
Según explicó, sus cuestionamientos han estado enfocados en asuntos de interés público y en el desempeño de autoridades, sin que ello implique confrontaciones de carácter personal.
La legisladora también recordó antecedentes recientes en los que realizó señalamientos relacionados con investigaciones y hechos de seguridad registrados en el estado, así como un incidente previo que calificó como sospechoso y que, aseguró, no tuvo avances significativos en materia de investigación.
Más allá del caso particular, el episodio ha generado reacciones sobre las condiciones de seguridad que enfrentan representantes populares, periodistas, activistas y ciudadanos que participan activamente en la discusión pública de temas sensibles.
Especialistas en temas de seguridad han señalado en distintas ocasiones que las amenazas o actos de intimidación contra figuras públicas tienen un efecto que trasciende a la persona afectada, ya que pueden impactar el ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana.
Mientras las investigaciones avanzan, la diputada reiteró que continuará con sus actividades legislativas y con los posicionamientos que considere necesarios desde su responsabilidad como integrante del Congreso del Estado.
El caso permanece bajo atención pública y se espera que las autoridades correspondientes determinen el origen de la amenaza y las acciones que permitan garantizar la seguridad de la legisladora.
