Por Redacción | Mexicali, Baja California. 27 de marzo de 2026.
La narrativa oficial ya no alcanza para esconder lo evidente: la ineficiencia de los gobiernos municipales en Baja California se ha convertido en un lastre directo para la economía.
Así lo reconoció, sin rodeos, el propio secretario de Economía estatal, Kurt Honold Morales, quien exhibió una realidad incómoda: la burocracia está empujando a los emprendedores hacia la informalidad.
El señalamiento fue puntual y con destinatario claro. No es Mexicali, dijo, es Tijuana donde los permisos no llegan “en tiempo y forma”, obligando a quienes buscan abrir un negocio a operar fuera de la legalidad.
Una acusación que, más que diagnóstico, suena a evidencia de un aparato municipal rebasado, lento y desconectado de la realidad económica.
El problema no es menor. La tardanza en trámites no solo desalienta la inversión, también golpea directamente la recaudación fiscal y debilita la capacidad del estado para sostener servicios públicos.
Es decir, la ineficiencia administrativa no se queda en ventanillas: termina impactando en la vida diaria de los ciudadanos.
Pero más grave aún es el mensaje que se envía. Cada permiso que se retrasa es una señal de desconfianza institucional, un recordatorio de que abrir un negocio en Baja California puede depender más de la paciencia que de la viabilidad del proyecto. En ese contexto, la informalidad deja de ser opción y se convierte en refugio.
El llamado a modernizar y simplificar procesos no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. Mientras otras regiones avanzan en digitalización y eficiencia, los ayuntamientos del estado siguen atrapados en esquemas burocráticos que parecen diseñados para obstaculizar, no para facilitar.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿falta capacidad, voluntad o ambas?
Porque mientras los discursos insisten en competitividad, la realidad en las oficinas municipales cuenta otra historia: la de un sistema que no responde y que, lejos de impulsar el desarrollo, lo frena.
