Por Redacción | Monterrey, Nuevo León. 26 de junio de 2026.
El Congreso de Nuevo León dio un nuevo paso en el proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, al iniciar formalmente la etapa de investigación y diligencias, una decisión que coloca bajo mayor presión política al mandatario estatal y abre la puerta a la revisión de decenas de contratos y operaciones administrativas.
La Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobó por mayoría el arranque de esta fase, con el voto en contra de Movimiento Ciudadano y la abstención del Partido Verde. Como parte de las diligencias, se solicitará información a 69 dependencias estatales y federales, además de copias certificadas de contratos celebrados con 12 empresas presuntamente relacionadas con el gobernador y que forman parte de las investigaciones por una posible triangulación de recursos públicos.
Las autoridades requeridas contarán con seis días hábiles, a partir del 27 de junio, para entregar la documentación solicitada por el Poder Legislativo, la cual será incorporada al expediente del juicio político.
Otro de los acuerdos aprobados fue solicitar al Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León la designación de un defensor público para Samuel García, quien deberá ser notificado en un plazo de tres días, garantizando así el derecho de audiencia dentro del procedimiento.
El proceso tiene su origen en la denuncia presentada el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, acompañada por representantes y aspirantes de ese partido, quienes acusaron al mandatario de presuntos actos de peculado, corrupción y triangulación de recursos públicos.
La solicitud fue turnada con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción el 10 de junio y dos días después se aprobó el inicio del juicio político. Ahora, con la apertura de la etapa de investigación, el Congreso busca reunir los elementos que permitan determinar si existen responsabilidades políticas derivadas de las acusaciones.
El avance del procedimiento representa uno de los episodios de mayor confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal, en un contexto donde Samuel García enfrenta un creciente desgaste político y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos. No obstante, las acusaciones continúan en etapa de investigación y aún no constituyen una determinación definitiva sobre la existencia de responsabilidades.
