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RedacciónBaja California.- El Gobierno del Estado de Baja California informó a través de un comunicado que presentó denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la administración que dirigió el Gobierno Estatal en el 2019 y 2021.
De momento se han presentado al menos 20 denuncias por irregularidades en la compra de medicamentos con sobre precio, al igual que en la compra de lavamanos y uniformes.
Algunos de los funcionarios que están siendo investigados de la administración anterior son Alonso Óscar “N”, Carlos “N”, Miguel Ángel “N”, Gerardo Abdiel “N” y Mikel Roberto “N”, quienes tenían labores en el área de la salud. En contra de estas personas pesan al menos ocho denuncias.
Lo anterior lo informó la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez.
En el caso de Alonso “N”, se informó que se encuentra bajo investigación por peculado, por el ejercicio ilícito del servicio público y por el uso ilícito de atribuciones y facultades.
“Cuando asumimos la administración, nos encontramos graves fallas en la operación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, que no tenía dirección, ni un plan de trabajo, no había una estrategia jurídica ni tampoco un sistema de integración de expedientes. Tampoco se evaluaban los resultados ni se realizaban auditorías.”, expresó Marina del Pilar.
El Gobierno del Estado también informó que de momento se han implementado 42 auditorías a dependencias con 326 observaciones, de las cuales 77 han sido solventadas, 46 han sido aclaradas, 152 no solventadas, 46 turnadas a investigación y cinco se encuentran en proceso para su investigación. También hay 12,604 expedientes de investigación activos, de los cuales 4,612 corresponden a asuntos de situación patrimonial.
También se informó que ya se atendieron 2,631 asuntos abiertos en atención ciudadana, al igual que 232 comités de contraloría social fueron instalados, motivo por el que el gobierno ya cuenta con un convenio con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México.
Otros de los aspectos que mencionaron los funcionarios es que de 314 procedimientos de responsabilidad administrativa ya se han aplicado 129 sanciones impuestas, donde destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones. “A esto se suman 32 expedientes que han sido turnados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que sea el Poder Judicial el que determine las sanciones”, mencionó el Gobierno Estatal.
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