Baja California.- El presidente de la Barra Mexicana de Abogados en Baja California (BMA), Leonardo Abarca Jimenez, ha calificado la propuesta de juicio político contra el Juez Crecencio Contreras Martínez como parte de un “ataque sistemático al Poder Judicial Federal”. La solicitud de juicio político fue presentada por la Secretaría de Gobernación, generando preocupación sobre la autonomía del Poder Judicial.
Abarca Jimenez expresó su perspectiva, señalando que estos eventos representan ataques continuos por parte del ejecutivo federal hacia la independencia y autonomía del Poder Judicial. Destacó la importancia de que el Poder Judicial realice sus funciones sin interferencias de los otros dos poderes, subrayando que a lo largo del sexenio se han observado intromisiones y ataques permanentes.
El presidente de la BMA resaltó que, para que un juicio político sea procedente, deben existir causales específicas, las cuales están detalladas en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. En este caso, afirmó que las resoluciones del Juez Contreras Martínez no se encuadran en ninguna de las fracciones contempladas en dicho artículo, argumentando que un juicio político no debería proceder.
Abarca Jimenez cuestionó el argumento presentado por el presidente, quien instruyó a Luisa Maria Alcalde, argumentando que el juez ha emitido resoluciones favorables a ciertos grupos criminales en Tamaulipas, especialmente en casos relacionados con temas migratorios y secuestros de migrantes. El presidente de la BMA enfatizó la importancia de analizar a fondo la calidad de las carpetas de investigación presentadas por la fiscalía, ya que los jueces toman decisiones basadas únicamente en la información y elementos probatorios contenidos en estas carpetas.
Finalmente, Abarca Jimenez concluyó que el análisis de la solicitud de juicio político parece superficial, ya que no se está considerando adecuadamente la calidad de las carpetas de investigación. En su opinión, esta solicitud representa otro de los ataques al Poder Judicial por parte del ejecutivo federal.
