Ciudad de México .- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el catálogo de infracciones y reglas procesales que regirán las campañas para la elección del Poder Judicial, programada para el próximo 1 de junio. Estas disposiciones serán aplicables a candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados, jueces, servidores públicos, partidos políticos y ciudadanos.
Prohibiciones para los candidatos
Entre las principales restricciones se encuentran:
- Contratar espacios en radio y televisión.
- Difundir propaganda electoral en materiales como lonas, gorras o playeras.
- Realizar actos de campaña fuera del periodo establecido.
- Publicar propaganda que contenga calumnias o vulnere los derechos de la niñez.
- Utilizar recursos públicos en efectivo o en especie para sus campañas.
Acciones permitidas
Los candidatos podrán:
- Financiar sus campañas con recursos propios sin exceder los topes de gasto que fijará el INE.
- Promocionarse mediante propaganda impresa en materiales reciclables y biodegradables.
- Participar en debates organizados por el INE o en foros ofrecidos gratuitamente por sectores público, privado o social en condiciones de equidad.
Reglas para servidores públicos y partidos
Los servidores públicos tienen prohibido usar recursos oficiales o programas sociales para promover candidaturas. Tampoco podrán organizar foros o participar en actos de campaña mientras estén en funciones.
Por su parte, los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo, posicionarse públicamente a favor o en contra de algún candidato, ni contratar encuestas o entregar beneficios directos o indirectos para influir en la elección.
Responsabilidad ciudadana
El catálogo también contempla posibles infracciones de ciudadanos, afiliados a partidos, observadores electorales y concesionarios de medios. Aunque la consejera Norma Irene de la Cruz sugirió excluir a la ciudadanía de estas responsabilidades, su propuesta fue rechazada por los consejeros al considerar que cualquier actor podría incurrir en conductas que favorezcan indebidamente a una candidatura.
Con estas medidas, el INE busca garantizar condiciones de equidad y transparencia en la elección de los integrantes del Poder Judicial, reafirmando su compromiso con la legalidad y el respeto al proceso electoral.