Ahome, Sinaloa – El tema del desafuero al alcalde con licencia Gerardo Vargas Landeros continúa generando reacciones intensas, particularmente en redes sociales locales, donde numerosos ciudadanos han expresado su respaldo al exalcalde, reconociendo la labor que realizó durante su gestión. Sin embargo, también se abre la interrogante entre los habitantes: ¿qué tan segura es ahora la ciudad con tantos cambios recientes en el gabinete?
En este contexto, el alcalde sustituto, Antonio Menéndez, enfrenta el gran reto de organizar su equipo de trabajo y colocar perfiles de confianza para continuar con la labor municipal. La expectativa es alta, ya que “la vara quedó muy arriba”, como afirman algunos ciudadanos, por lo que Menéndez deberá redoblar esfuerzos si desea consolidar su liderazgo, no puede hacer quedar mal al Gobernador Rocha Moya.
En el mismo contexto el dia de hoy, durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la situación política en Sinaloa, específicamente sobre el aparente patrón de desafueros de alcaldes durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya. Cabe recordar que se ha desaforado a un alcalde en 2022, otro en 2023 y ahora, recientemente, a Vargas Landeros de Ahome.
Sheinbaum respondió con firmeza: “Si hay irregularidades, que se investigue por las vías institucionales, pero si se trata de un tema político, eso no está bien”. Sus palabras fueron interpretadas por algunos como un posible mensaje velado al gobernador estatal, en un momento en que MORENA acaba de reformar sus estatutos internos.
Dichas reformas, aprobadas el domingo pasado, incluyen una sección específica sobre “Conductas contrarias a los principios del Movimiento”, que prohíbe prácticas como el clientelismo, el uso de recursos públicos para promoción anticipada, la utilización del partido para fines personales y el bloqueo de participación política interna, entre otras. Estas nuevas directrices también sancionan el uso de mentiras en campañas y actitudes discriminatorias en el ámbito político.
¿Se están utilizando los mecanismos legales como herramienta de castigo político en Sinaloa? ¿Qué implicaciones tendrá esto para el futuro político del estado y para el propio partido en el poder? El tema aún está lejos de enfriarse.
