La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda acaba de presentar, con cara de victoria y discurso de estado fuerte, la reestructuración de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). Se crean nuevos mandos, divisiones de inteligencia, una Fuerza Estatal de Reacción Inmediata (FERI) y hasta reformas para sancionar negligencias en el control de armas.
Todo suena a despliegue moderno y eficaz, pero el momento del anuncio no es casualidad: ocurre justo después de que Omar García Harfuch realizara un operativo fulminante en Baja California, capturando al famoso “Flakito” sin siquiera avisar a las corporaciones locales. Ahí, la federación demostró que podía hacer el trabajo sola.
Como si eso no bastara, unos días antes se descubrió un narcotúnel en la delegación Otay que conectaba directamente con Estados Unidos, otro recordatorio incómodo de que el crimen organizado sigue cavando bajo los pies del gobierno estatal, literalmente y que, una vez más, fueron instancias externas las que detectaron la amenaza. Es en ese contexto, con la humillación institucional a cuestas, que la gobernadora decide relanzar a la FESC.
Porque cuando te rebasan por la izquierda, por la derecha y por debajo, no queda más que salir con un golpe de timón mediático.
Esta “reestructuración” tiene más de maquillaje que de cirugía. Recordemos que la FESC fue ya una reinvención de la GESI, que a su vez reemplazó a la PEP, tres nombres distintos en tres años (no es la 3 de 3, no se confunda), y el mismo problema de fondo: ineficiencia, descoordinación y un narco que siempre va tres pasos adelante. ¿Cambiar el nombre ayuda a frenar ejecuciones, desapariciones y extorsión? Difícil creerlo.
Además, la flamante FERI no vino acompañada de cifras: ¿cuántos elementos tiene?, ¿con qué presupuesto cuenta?, ¿qué mecanismos de evaluación se implementarán? Nada, solo uniformes nuevos y promesas recicladas de “puertas abiertas” y “manos tendidas”. Mientras tanto, la ciudadanía sigue padeciendo violencia diaria y protestas reprimidas por el mismo aparato que ahora promete regenerarse.
En resumen, el anuncio de Marina del Pilar es una maniobra de control de daños disfrazada de estrategia de seguridad, una reacción tardía, apurada por la evidencia de que la federación no necesita a Baja California para hacer su trabajo. Si la gobernadora quiere ser tomada en serio, debería empezar por reconocer el fracaso previo, rendir cuentas y transparentar cada peso y cada paso, lo demás es solo propaganda de emergencia.
