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10 months agoon
By
Redacción
Tijuana .- El pasado 8 de junio, el Gobierno de México presentó de manera oficial la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una iniciativa de alcance federal que reconoce la creciente gravedad de este delito en varias entidades del país, entre ellas Baja California, que se encuentra entre los cinco estados con mayor incidencia.
El panorama es alarmante. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 se registraron más de 1,820 denuncias formales por extorsión en Baja California, lo que representa un aumento del 14% respecto al año anterior. Sin embargo, se estima que esta cifra apenas refleja la realidad, ya que solo uno de cada diez casos se denuncia, lo que deja una cifra negra considerable.
Las modalidades más comunes en el estado incluyen:
Además del impacto directo en las víctimas, este delito está generando consecuencias económicas severas: un 12% de los pequeños negocios han considerado cerrar o reubicarse debido a amenazas o presiones del crimen organizado.
El entorno de miedo también se refleja en la vida diaria. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 reveló que 41% de los hogares bajacalifornianos recibieron llamadas sospechosas, generando altos niveles de estrés, ansiedad y pérdida de confianza en las instituciones.
La estrategia presentada por el gobierno federal articula una respuesta integral a través de cuatro ejes fundamentales:
A pesar del contexto adverso, Baja California ha comenzado a generar resultados alentadores. A raíz del anuncio de esta estrategia:
Esto ha tenido un impacto positivo en la percepción ciudadana. De acuerdo con una encuesta reciente, el 53% de la población considera que la atención a víctimas ha mejorado, frente al 38% registrado el año anterior.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión representa más que una respuesta táctica: es una oportunidad para reconstruir la confianza entre ciudadanía, gobierno y sector productivo. Baja California tiene la posibilidad de posicionarse como ejemplo nacional en la implementación de modelos de inteligencia, prevención y corresponsabilidad social para combatir este delito.
El desafío es mayúsculo, pero no insalvable. La suma de tecnología, compromiso institucional y participación ciudadana está trazando un nuevo rumbo hacia una Baja California más segura, donde extorsionar ya no sea una actividad impune.
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