Tijuana, Baja California .- Mientras el país exige justicia efectiva contra quienes infiltraron el aparato público desde el crimen organizado, un juez federal en Baja California, Alfonso Flores Padilla, se convirtió en protagonista de uno de los episodios más oscuros del sistema judicial mexicano. Desde su tribunal, otorgó una suspensión provisional contra su detención a Hernán Bermúdez Requena, el exjefe de seguridad de Tabasco, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y prófugo por secuestro, extorsión y delincuencia organizada.
Lo más preocupante: el mismo juez que brindó esta protección busca ahora convertirse en Juez Federal de manera electiva, participando con el número 20 en la boleta amarilla del proceso judicial de renovación 2024-2025. En sus espectaculares, aparece con el eslogan “Sigamos platicando”, mientras la ciudadanía se pregunta si esa plática incluye también a los poderosos y los criminales con acceso a recursos para obtener amparos a modo.
¿Justicia para quién?
La resolución de Flores Padilla no protege a Bermúdez por los delitos más graves —como secuestro— pero sí lo blinda parcialmente contra ser detenido, dilatando el proceso legal y permitiéndole ganar tiempo. Como reveló Milenio, la suspensión fue otorgada desde abril por el Juzgado 12º de Distrito en Tijuana, donde el juez Flores Padilla funge como titular.
El caso recuerda que, en México, la ley suele estar escrita para quien sabe pagarla. Por tan solo 16 mil pesos, Bermúdez compró la suspensión que lo mantiene a flote. Y detrás de esa resolución, está quien hoy pide el voto ciudadano para ascender aún más en el sistema judicial.
De juez a candidato, sin rendir cuentas
La participación de Alfonso Flores en la elección judicial es legal. Pero no es ética. ¿Cómo puede un juez que protege a un presunto narcotraficante —con expediente militar desde 2021, según los “Guacamaya Leaks”— aspirar simultáneamente a un cargo judicial mayor sin haber explicado públicamente sus resoluciones?
Su inclusión en los “acordeones” distribuidos para orientar el voto en la elección judicial lo posiciona como Juez de Distrito con el número 20, en la boleta amarilla, dentro de la categoría de hombres. Aparece incluso en el mismo listado donde se presentan aspirantes a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral, y a las magistraturas regionales. Sin embargo, su historial reciente deja más dudas que méritos.
¿Quién cuida al cuidador?
El problema no es solo Alfonso Flores. Es el sistema que permite que jueces activos, sin vigilancia pública ni evaluación ética, participen en procesos de elección sin escrutinio ciudadano. La reforma al Poder Judicial prometía un nuevo comienzo. Pero casos como este reflejan la vieja práctica de la simulación vestida de democracia.
En un país donde la violencia organizada ha penetrado estructuras de gobierno, lo último que necesitamos son jueces dispuestos a normalizar los pactos con el silencio. Lo que la ciudadanía exige no es “seguir platicando”, sino saber con quién, por qué y para qué se toman las decisiones que garantizan impunidad.
Mientras Alfonso Flores busca un ascenso, el país espera que la justicia, por fin, comience a rendir cuentas.
