Por Redacción | Tijuana, Baja California.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que el cateo realizado en una vivienda del fraccionamiento Portales 1 se llevó a cabo conforme a la ley y con autorización judicial, luego de que una residente denunciara presuntas irregularidades durante el operativo.
La postura fue dada a conocer por la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, durante la conferencia encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, donde explicó que la diligencia derivó de una investigación relacionada con posibles actividades de narcomenudeo.
De acuerdo con la titular de la FGE, la intervención fue autorizada por un juez de control tras la integración de una carpeta de investigación que incluía una denuncia anónima y diversos testimonios que señalaban la presunta venta de droga al menudeo en el inmueble.
“Es un cateo oficial, formal, que se solicitó ante un juez de control porque había una llamada anónima y además obran testimonios en la carpeta de que en ese lugar había posibilidad de que se estaba vendiendo droga al pormenor”, declaró.
Andrade Ramírez indicó que el operativo fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con autoridades federales y aseguró que el ingreso se realizó privilegiando la seguridad de los menores que se encontraban dentro de la vivienda.
“No se irrumpió. Se ingresó tocando la puerta porque se escuchó la presencia de menores de edad”, sostuvo.
La fiscal reconoció que durante la diligencia no fueron localizadas sustancias ilícitas; sin embargo, afirmó que la investigación permanece abierta debido a los testimonios recabados por la autoridad ministerial.
“Tenemos testimonios en la carpeta y ese punto va a ser considerado un punto de atención para siguientes eventos. Tenemos testimonios de que ahí puede cometerse algún delito y por eso lo vamos a mantener en vigilancia”, señaló.
Las declaraciones surgen luego de que Karen Corona, residente del domicilio intervenido, denunciara públicamente que agentes ingresaron sin mostrar una orden judicial válida y que durante el operativo presuntamente fue víctima de agresiones físicas, además de acusar la desaparición de dinero en efectivo.
La mujer informó que presentó una denuncia por presunto abuso de autoridad, robo y otros posibles delitos relacionados con la actuación de los agentes.
Ante ello, Andrade Ramírez sostuvo que los procedimientos de cateo varían dependiendo de las condiciones y riesgos de cada investigación, aunque reiteró que cuando existen menores o familias dentro de los inmuebles se procura la identificación de los agentes y la exhibición de la orden judicial correspondiente.
La fiscal añadió que, aunque la mayoría de los cateos generan resultados positivos para las investigaciones, existen casos donde no se localizan evidencias suficientes, situación que forma parte de los procesos ordinarios de procuración de justicia.
