Por Redacción | Chihuahua, México, abril de 2026.
La posible presencia de agencias de seguridad de Estados Unidos en la Torre Centinela, en Ciudad Juárez, ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad, en un contexto de tensión diplomática reciente.
De acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, un piso del complejo —considerado uno de los más avanzados en inteligencia y videovigilancia— estaría destinado a personal de agencias como la DEA, FBI, HSI y CBP.
Según lo expuesto, la participación de estos organismos se limitaría a labores de análisis e intercambio de información, sin intervención directa en operativos de campo. El esquema contemplaría además la coordinación con instancias mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades de seguridad pública.
El planteamiento ocurre días después de que se diera a conocer la muerte de dos presuntos agentes estadounidenses en Chihuahua, en un operativo cuya ejecución no habría sido notificada al gobierno federal, lo que generó cuestionamientos sobre los canales de coordinación.
Mientras autoridades estatales sostienen que la colaboración se encuentra dentro de sus facultades, el propio funcionario reconoció que los procesos formales aún deben ser validados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia responsable de autorizar este tipo de acuerdos internacionales.
El caso ha colocado en el centro del debate la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que establece los mecanismos y límites para la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
La eventual operación de estas agencias en la entidad se analiza ahora bajo un contexto de revisión federal, en el que se busca determinar si la coordinación se apega a los marcos legales y a los principios de soberanía nacional.
