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Redacción
Por Redacción | Chihuahua, México.
La renuncia de César Jáuregui Moreno como fiscal general de Chihuahua se da en un contexto de presión institucional tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde murieron cuatro personas y surgieron cuestionamientos por la posible participación de personas extranjeras.
El exfuncionario presentó su dimisión ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, argumentando que su salida busca facilitar el desarrollo de las investigaciones y garantizar condiciones de transparencia en el proceso.
En su posicionamiento, reconoció inconsistencias en la información inicial difundida, así como fallas en los mecanismos de control y comunicación al interior de la Fiscalía General del Estado, lo que derivó en cuestionamientos sobre la conducción del operativo.
Los hechos bajo investigación ocurrieron entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, donde autoridades estatales realizaron un despliegue que derivó en el aseguramiento de un laboratorio de metanfetaminas. Durante la operación también se registró un accidente vehicular en un camino de terracería.
Uno de los puntos centrales de la indagatoria es la presencia de personas no adscritas a la Agencia Estatal de Investigación, cuya participación no fue reportada a mandos superiores. De manera preliminar, se ha señalado que podrían tratarse de ciudadanos estadounidenses, lo que abrió una línea de investigación sobre su identidad y posible vínculo con instancias extranjeras.
Ante ello, la Fiscalía estatal informó que ya se abrieron carpetas de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la República, mientras que se solicitó información a autoridades de Estados Unidos para esclarecer la participación de estos individuos.
Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que cualquier intervención de agentes extranjeros en territorio nacional debe contar con autorización del Gobierno de México, en apego a la Ley de Seguridad Nacional.
La renuncia del fiscal ocurre mientras continúan las indagatorias, en un caso que ha puesto bajo revisión los protocolos de actuación, la coordinación institucional y los límites de la colaboración internacional en materia de seguridad.