Por Redacción | Tijuana, Baja California, 16 de mayo de 2026.
El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, sostuvo una reunión con representantes de la Patrulla Espiritual y activistas de la comunidad LGBTQ+ para abordar el caso de Karime, también identificada en expedientes como Karim Emanuel, relacionado con presuntas violaciones a derechos humanos durante su traslado e internamiento en el centro de rehabilitación Jireh.
En el encuentro participaron Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “Chiquilín” y director de la Patrulla Espiritual, así como Susana Barrales Honorato, directora del Centro Comunitario LGBTQ La Casita UT.
La reunión ocurre en medio de una denuncia penal por presunta privación ilegal de la libertad y de dos quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), derivadas de la intervención realizada por integrantes de la Patrulla Espiritual en las inmediaciones del bulevar Lázaro Cárdenas.
A través de un comunicado, Burgueño Ruiz afirmó que su administración garantizará el respeto a los derechos de la comunidad trans y señaló que la dignidad, inclusión y respeto forman parte de las prioridades del gobierno municipal.
“Que no haya duda que siempre garantizaremos los derechos de la comunidad Trans, porque el respeto, la dignidad y la inclusión de todas las personas son prioridades para esta administración municipal”, expresó.
Durante la semana, Osuna Torres compareció ante la Fiscalía General del Estado en relación con el caso. Posteriormente declaró que inspectores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), personal de Derechos Humanos y especialistas en psiquiatría revisaron las condiciones del centro Jireh.
“Se dieron cuenta que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó.
En redes sociales también circuló un video donde el dirigente de la Patrulla Espiritual aseguró prever una posible detención relacionada con el caso y advirtió que ello “despertará el monstruo de Tijuana”, en referencia a simpatizantes y seguidores de su organización.
El caso ha generado debate luego de que videos difundidos por la propia Patrulla Espiritual mostraran el traslado de Karime mientras manifestaba su negativa a ser llevada al centro de rehabilitación.
Posteriormente, otras imágenes evidenciaron modificaciones en su apariencia física, incluyendo el corte de cabello y cambio de vestimenta, situación que organizaciones civiles y periodistas señalaron como posibles vulneraciones al libre tránsito, identidad de género, libre desarrollo de la personalidad y protección de datos personales.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que investigará la actuación y el modelo operativo del organismo involucrado.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado avances sobre el estado procesal de la denuncia penal presentada por el caso.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que, tras una visita al centro Jireh, Karime manifestó encontrarse bien y no permanecer internada contra su voluntad.
El caso también volvió a colocar bajo discusión el funcionamiento de centros de rehabilitación en Baja California, entidad que concentra uno de los mayores números de establecimientos de este tipo en el país.
Organizaciones civiles dedicadas a la atención de personas en situación de calle y adicciones han señalado que los tratamientos pueden desarrollarse respetando plenamente los derechos humanos, identidad y autonomía de las personas atendidas.
En este contexto, la administración municipal enfrenta ahora el reto de revisar los mecanismos de supervisión y acompañamiento institucional hacia organizaciones que reciben apoyos públicos, garantizando que operen bajo criterios de respeto a los derechos fundamentales.
