Tijuana, Baja California.- Leonardo Abarca Jiménez, Socio Director de Grupo Uno Abogados, celebró la reciente firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Baja California y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Este acuerdo, enfocado en la promoción de prácticas comerciales justas y la prevención de conductas anticompetitivas, representa un avance significativo para la economía de la región.
Abarca Jiménez destacó la importancia de este convenio, señalando que “es muy plausible que se genere una coordinación entre el gobierno del estado y la COFECE, una comisión cuya misión principal es aplicar la Ley Federal de Competencia Económica”. El acuerdo busca prevenir y eliminar prácticas monopólicas, ya sean absolutas o relativas, así como concentraciones ilícitas que puedan distorsionar el funcionamiento de los mercados.
Estas prácticas, explicó el especialista, incluyen acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la producción o manipular el mercado, acciones que pueden tener efectos perjudiciales en la economía local.
El abogado recordó un caso particular de productores de maíz que manipulaban la oferta para influir en los precios, ilustrando cómo tales conductas afectan la economía de una entidad. Subrayó la importancia de que el gobierno estatal, que realiza la mayoría de sus compras a través de licitaciones, esté capacitado para identificar y evitar estas prácticas anticompetitivas. Esta capacidad es esencial para asegurar que las adquisiciones públicas se realicen de manera justa y transparente, beneficiando así a todos los ciudadanos.
El convenio firmado incluye la provisión de capacitación por parte de la COFECE a funcionarios estatales, municipales y del poder legislativo, para que puedan detectar y erradicar prácticas monopólicas. “Es fundamental que los servidores públicos conozcan estas prácticas para poder evitarlas”, añadió Abarca Jiménez. La capacitación permitirá a los funcionarios estar mejor preparados para identificar señales de conductas anticompetitivas y tomar las medidas necesarias para evitar que estas afecten el mercado.
Además, Abarca Jiménez señaló que la colaboración permitirá que el gobierno estatal pueda generar pautas de investigación y notificar a la COFECE sobre posibles irregularidades en los mercados locales. Esta comunicación continua entre el gobierno estatal y la COFECE es crucial para asegurar que las prácticas comerciales en la región se mantengan dentro de los límites de la ley y para tomar medidas rápidas en caso de detectar irregularidades.
La Ley de Competencia contempla sanciones económicas y penales para quienes participen en estas prácticas ilícitas, con multas que pueden alcanzar hasta el 10% de los ingresos obtenidos durante el período de la infracción. El experto enfatizó que la competencia económica es un área poco explorada, incluso entre los abogados, y que este tipo de acuerdos son cruciales para prevenir conductas ilegales. Las sanciones establecidas buscan disuadir a las empresas de participar en prácticas anticompetitivas y garantizar que el mercado funcione de manera justa y eficiente.
Finalmente, Abarca Jiménez expresó su satisfacción por este convenio, que no solo busca mejorar la competencia en las compras públicas, sino también educar y capacitar a los funcionarios para una mejor gestión de los recursos públicos. “Este convenio abona a la transparencia y la justicia en el mercado, beneficiando a todos los ciudadanos de Baja California”, concluyó. Este acuerdo representa un paso importante hacia la creación de un entorno económico más justo y competitivo, que favorecerá el desarrollo sostenible de la región y mejorará la calidad de vida de sus habitantes.
