Aguascalientes, Aguascalientes.- El Congreso hidrocálido aprobó una reforma que reduce el plazo legal para abortar de 12 a seis semanas de gestación, desatando una ola de críticas y preocupación entre organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos. Con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención, esta medida representa un retroceso significativo en la garantía del derecho a decidir de las mujeres, según sostienen diversas asociaciones.
La reforma, impulsada por una mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) junto con algunos legisladores de otros partidos, contraviene una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en agosto de 2023, que había declarado inconstitucional la prohibición del aborto en la entidad.
Esta resolución obligó al Congreso local a modificar el Código Penal estatal para permitir la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de gestación. Sin embargo, menos de un año después, la nueva legislación impone restricciones más severas, limitando el plazo a solo seis semanas y eliminando la categoría de “personas gestantes”, un término inclusivo que reconocía a las personas trans y no binarias.
Las implicaciones de esta reforma son amplias y preocupantes. Según Angie Contreras, activista de Cultivando Género, la reducción del plazo es una estrategia para dificultar el acceso al aborto, especialmente en las instancias públicas, donde el proceso burocrático podría retrasar la atención médica, excediendo así el tiempo legal permitido. Contreras también destacó que la creación de un comité que decidirá sobre la viabilidad de cada caso es otra barrera para el acceso a este derecho. “Estas acciones buscan limitar y frenar el tema del aborto”, afirmó la activista, subrayando que la iniciativa forma parte de una agenda política más amplia, motivada por presiones de grupos antiderechos.
Además de las restricciones en el plazo, la reforma introduce medidas adicionales que complican aún más el acceso al aborto. Por ejemplo, en el caso de un aborto espontáneo, la legislación ahora exige que al menos dos trabajadores de la salud verifiquen si este fue realmente involuntario, un requisito que podría resultar en criminalización indebida.
Las organizaciones que promovieron originalmente el amparo que llevó a la despenalización del aborto en Aguascalientes han anunciado que impulsarán una acción de inconstitucionalidad contra esta nueva legislación. Argumentan que la reforma viola el principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, así como el derecho a la igualdad, la no discriminación y la salud.
En un pronunciamiento conjunto, asociaciones como Marea Verde, Abortistas, México Igualitario y Mexicanas en Acción Positiva advirtieron que esta reforma no solo representa un retroceso en Aguascalientes, sino que también podría abrir la puerta a que otros estados sigan un camino similar, restringiendo aún más el derecho al aborto en el país.
Esta controversia pone de manifiesto las profundas divisiones en México en torno al tema del aborto. Mientras algunas entidades han avanzado en la despenalización, otras han adoptado posturas más restrictivas, reflejando las tensiones políticas y sociales que persisten en torno a los derechos reproductivos. La aprobación de esta reforma en Aguascalientes es un claro ejemplo de cómo los avances en derechos humanos pueden estar constantemente en riesgo de ser revertidos.
