Tijuana, Baja California.- A partir de la última semana de noviembre, las garitas internacionales de San Ysidro y Otay contarán con la implementación de “filtros de seguridad” a cargo de elementos de la policía municipal y el Instituto Nacional de Migración (INM), según la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), informaron medios locales.
Pedro Montejo Peterson, titular de la Sedeti, señaló que estos filtros estarán orientados a contener el flujo migratorio y reforzar la seguridad en las garitas, además de realizar un proceso de depuración de las empresas vinculadas al programa “fastlane” y los pases médicos. El funcionario destacó que, para inicios de 2025, se sumará al operativo personal de seguridad privada contratado por el gobierno local, el cual recibirá una capacitación especial con énfasis en el manejo bilingüe y en el conocimiento de los procesos migratorios y los diferentes tipos de visa.
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“La idea es que los elementos estén bien capacitados, porque queremos resultados que no solo beneficien a nuestra región, sino también cumplan las expectativas de nuestros compañeros en el norte. Si logramos esto, ellos podrán regresar más oficiales a las casetas, lo cual beneficiará a toda la población”, expresó Montejo Peterson.
El financiamiento de estos trabajos se contemplará en el presupuesto del Ayuntamiento 2025, con ajustes al fideicomiso del pase médico que permitan destinar recursos para la modernización y seguridad de las garitas. Además, se invertirán en infraestructura para asegurar que los filtros no entorpezcan el tráfico, sino que contribuyan a su mejora.
En cuanto a la regulación de los pases médicos, el secretario explicó que la primera etapa del proyecto consiste en revisar minuciosamente a las empresas participantes. Hasta ahora, la administración municipal ha suspendido a más de 200 empresas por irregularidades en sus expedientes o falta de documentación. Aunque algunas han logrado reinstalarse tras subsanar sus inconsistencias, otras no han podido cumplir con los requisitos establecidos.
Montejo Peterson enfatizó que las empresas que utilizaban el programa para comprar y vender pases a precios inflados, algunos reportados en hasta 125 dólares, no serán reincorporadas. “Queremos abrir el acceso a empresas legítimas que cumplan con los requisitos, y a quienes no lo hagan, les aplicaremos sanciones severas, incluyendo la cancelación definitiva de sus cuentas”, afirmó.
El proyecto también incluye operativos en campo para detectar a quienes comercializan pases médicos de manera indebida, así como medidas para garantizar que el programa esté disponible para empresas nuevas y mejor reguladas. “Estamos abiertos a recibir a todos los empresarios interesados, pero exigimos un cumplimiento estricto de los requisitos”, concluyó Montejo Peterson.
