El presidente Donald Trump inició su segundo mandato con medidas drásticas para frenar la migración irregular, declarando una emergencia nacional en la frontera sur y restableciendo la polémica política de “Quedarse en México”, que obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados.
Trump también anunció el fin de la aplicación CBP One, utilizada para programar citas en los cruces fronterizos, cancelando miles de solicitudes pendientes. Además, calificó a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas, comprometiéndose a utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para combatir pandillas y delincuentes con medidas más severas.
Organizaciones proinmigrantes calificaron las medidas como “crueles” y divisivas. Vanessa Cárdenas, de America’s Voice, señaló que estas políticas fomentan la división y perjudican a las familias. Por su parte, la ACLU y otros grupos ya preparan litigios contra estas órdenes ejecutivas.
Este nuevo capítulo en la política migratoria promete intensificar el debate en torno a los derechos de los inmigrantes y la relación entre México y Estados Unidos.
