Dieciocho estados de EE. UU., junto con la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia, han demandado al presidente Donald Trump tras la firma de una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.
Los fiscales generales de estos estados califican la medida como un “intento ilegal” de privar de nacionalidad a niños nacidos en el país, basándose en el estatus migratorio de los padres.
La demanda, liderada por fiscales demócratas, cuestiona la validez de la orden firmada por Trump poco después de asumir su segundo mandato, argumentando que el presidente no tiene autoridad para modificar la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todos los nacidos en EE. UU. Según la orden, las agencias federales dejarían de reconocer la ciudadanía de niños nacidos de padres sin estatus migratorio regular o con visas temporales.
Los demandantes aseguran que la medida afectaría a unos 150 mil niños anuales, dejándolos sin acceso a servicios básicos y desprotegidos. Además, señalan que tendría un impacto negativo en las finanzas estatales al reducir fondos federales destinados a servicios infantiles. La demanda también exige que se bloquee la orden ejecutiva y se declare inválida.
Por su parte, la administración Trump defiende la orden como parte de su enfoque para reforzar la seguridad fronteriza, afirmando que la 14ª Enmienda nunca tuvo la intención de otorgar ciudadanía a hijos de inmigrantes ilegales. El caso se perfila como una batalla legal crucial en el contexto de la política migratoria de Trump.